 |
Ante la expectativa de recibir o no sus salarios correspondientes a la primera quincena de enero, empleados municipales protestaron frente al Palacio.  |
A pesar de los señalamientos hechos por parte de los representantes de corregimiento de La Chorrera en contra de la alcaldesa del distrito, Brenda de Icaza, de estar fomentando un clima de anarquía a lo interno del municipio, ésta prefirió no emitir ningún tipo de opinión sobre el tema, aludiendo al hecho de que "alguien debe poner el ejemplo".
Dijo haber tomado la iniciativa de "no contestar" a las acusaciones u opiniones que sobre sus actuaciones sean vertidas en su contra por parte de los Ediles.
Con relación a la queja administrativa interpuesta por los Concejales ante la Procuraduría de la Administración y la Gobernación de la Provincia de Panamá, De Icaza dijo haber recibido de parte de la Procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher la solicitud de un informe explicativo sobre las aseveraciones hechas por los ediles en su contra.
En la nota, la Procuradora de la Administración establece que artículo 217, numeral 3 de la Constitución Política indica como atribución "vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos y cuidar que todos desempeñen cumplidamente sus deberes".
Advierte que en el documento enviado a la Procuradora de la Administración se plasma información "que no es del todo veraz" con lo cual posiblemente se esté "utilizando" a esta instancia para que emita una opinión a favor.
De Icaza dijo que por el contrario a lo actuado por los Ediles, en su informe a la Gobernación de la Provincia de Panamá y la Procuraduría de la Administración se adjuntará el documento elaborado por el funcionario de la Contraloría General de la República, Emmanuel Ayala, en donde se establece un listado de prioridades en los pagos de las cuentas municipales como son gastos de mantenimiento y pago de planilla y compromisos financieros.
Además de ello está el hecho de haber solicitado a los Representantes de Corregimiento el detalle de los gastos de las Juntas Comunales, incluyendo el pago del personal.
No obstante dijo desconocer sin la Gobernadora de la Provincia de Panamá, solicitará un informe similar.
Por otro lado, unos 26 empleados municipales cuyos cargos fueron supuestamente suprimidos se encuentran hoy a la expectativa de recibir o no sus salarios correspondientes a la primera quincena de enero, no obstante se conoció que la administración municipal envió al presidente del Consejo Municipal, una serie de objeciones por las cuales no era posible suprimir tales cargos, especialmente por normas legales. |
