|
Un grupo de trabajadores despedidos con la ley 25 de 1990 amenazaron con presentar nuevos recursos legales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) contra el Estado panameño por el atraso en sus pagos y calificaron al Gobierno de "irresponsable" por no convocarlos para fijar los cálculos en sus pagos que están pendientes conforme al fallo dictado por el organismo internacional.
El próximo 13 de febrero vence el plazo para que el gobierno haga efectivo el pago a unos 270 trabajadores, que fueron cesados durante el gobierno del Guillermo Endara, acusados de intentar un golpe de Estado.
Manrique Mejía, denunció que el gobierno ha adoptado una política de "silencio" al no llamar a las "víctimas" para determinar la cantidad de dinero que le corresponde y advirtió que vencido el plazo interpondrá un recurso ante la CIDH para que imponga una multa diaria contra el Estado panameño por el atraso en los pagos.
"El gobierno irresponsablemente a la fecha después de tener 12 meses para tener los cálculos no ha podido presentarlo a la CIDH porque no ha terminado los cálculos", sostuvo Mejía. |
