Cuando el Presidente Venezolano Hugo Chávez dijo públicamente que las FARC y el ELN no son grupos terroristas, y pidió a la comunidad internacional sacarlos de sus listas de organizaciones terroristas, reconociéndolos como ejércitos de insurgentes, bien vale poner sus declaraciones en contexto con otras que se emitieron ese mismo día.
En su primera conferencia de prensa en libertad, Clara Rojas, una de las secuestradas de las FARC que fueron entregadas a Chávez, dijo que aunque los guerrilleros se llaman a sí mismos un "ejército del pueblo", se comportan más como una "organización delictiva". También sostuvo que el sólo hecho de que las FARC secuestre personas, es un delito "de lesa humanidad", y una "violación total a la dignidad humana".
Esto significa que las FARC, tomando en cuenta las palabras de una de las propias liberadas por la gestión de Chávez, ha cometido delitos de lesa humanidad más de 750 veces, contando sólo a los secuestrados que tienen en su poder y con vida, y excluyendo a los miles de niños reclutados por la fuerza para combatir, además de bombazos y asesinatos.
Por su lado, Consuelo González de Perdomo, la segunda liberada, sostuvo que el sólo hecho de secuestrar "puede ser considerado como una especie de tortura".
Estos testimonios hacen reflexionar sobre qué clase de razonamiento puede usar el presidente Chávez para argumentar que estas organizaciones no son terroristas, y más aún, cómo pretende que la comunidad internacional considere seriamente semejante propuesta.