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El legislador Marco González, junto a unas 300 moradores del Sector 3 de Santa Marta, en San Miguelito advirtieron ayer del peligro de muerte que representa la cercanía de la segunda etapa del Corredor Norte de sus viviendas.
Según el parlamentario, de una forma irregular los técnicos de la empresa PYCSA, constructora del Corredor Norte, señalaron 45 viviendas ubicadas a un costado de la carretera como propiedad para trasladar, sin embargo, de la noche a la mañana se les comunicó a los dueños de la casas que no era necesario el traslado ni la indemnización.
González manifestó que las viviendas están ubicadas a unos 4 o 5 metros de la vía y destacó que ha habido casos donde automovilistas se han salido de la carretera y han quedado dentro de los patios de los casas.
El arnulfista señaló que en este caso "no existe buena fe de la empresa constructora" que sin ninguna explicación evita cumplir con la palabra empeñada de trasladar las propiedades de estas familias humildes.
Igualmente, González denunció que la empresa ha incumplido con la construcción de varios trabajos en el sistema de desagüe, los cuales han ocasionado la acumulación de basura y por ende inundaciones.
Sostuvo el parlamentario arnulfista que solicitará a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y de Ingeniería Municipal de San Miguelito que den una explicación del cambio repentino de no acceder a movilizar las 45 casas.
Más de 45 casas del Sector Tres de Santa Marta, de San Miguelito se ven afectadas por la construcción de la segunda fase del Corredor Norte, ya que están a menos de un metro de la nueva vía.
Residentes de esta barriada se han organizado para exigirle al Ministerio de Obras Públicas y la PYCSA la evaluación de sus hogares y indemnización, pues consideran estos trabajos como una potencial trampa de muerte para los que viven cerca de la autopista, según indicó la señora Loyda Rivas, vocera de los afectados de Santa Marta. |