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Siempre hemos sido opuestos a la existencia de la Defensoría del Pueblo, toda vez que somos convencidos que en nuestra idiosincrasia las “sanciones morales” no surten otro efecto que publicitar gratuitamente a quienes se pretende censurar y a los censuradores.
Lo anterior cobra para nosotros mayor razón cuando el primer abogado que tuvo la dicha de ocupar tan bien pagada posición -diez mil balboas mensuales por 10 larguísimos años- no escatimaba oportunidad para auto promoverse al extremo que parecía un candidato presidencial en plena campaña.
Estuvimos presentes en la conferencia de prensa que ofreció la FENASEP, en la que denunciaron la destitución ilegal e injustificada de la Licda. Daysi de Aponte, quien se desempeñaba como jefa del Departamento de Contabilidad de esa institución.
Tal hecho hubiese pasado desapercibido y adicionándose a los 25 mil despidos que al margen de la ley se han producido en el sector público, durante el período septiembre 1999-enero 2004, sin embargo, que sea la Defensoría del Pueblo que es la entidad llamada a proteger la integridad de los derechos humanos de todos los panameños y panameñas, quien incurra en semejante antijurídico e inhumano exabrupto que pone en grave peligro la estabilidad de una familia joven y amenaza con impedir a los niños de la misma, asistir a la escuela, descalifican a la Defensoría del Pueblo, para pronunciarse en el futuro sobre cualquier situación similar. Del Decreto sustentatorio de la destitución se desprende lo siguiente:
Que al haberse nombrado un “nuevo” Defensor del Pueblo, éste debe acabar con todo lo que “huela” al anterior... Que aunque nadie ha ingresado por concurso de méritos a esa instancia estatal, la Licda. de Aponte sí tenía que cumplir tal requisito...
Jamás debió darse en dicha entidad semejante acción plagada de tanta irregularidad, que no es la única que conocemos ya que el Sr. Carlos Williams y su familia, también fueron víctimas del actual Sr. Defensor del Pueblo, amén que cuando recurrimos, por consejo de nuestro abogado, a esa oficina como víctimas de la persecución que desató el Dr. Rolando Villalaz contra los que fuimos nombrados por el Prof. Juan Jované, una Licda. de apellido Torredo sencillamente nos evadió.
Si el Sr. Defensor del Pueblo no reconsidera positivamente sobre este particular y reintegra a la Licda. de Aponte, quienes creyeron, grupo del que nos excluimos, que esa organización era una garantía para salvaguardar los derechos ciudadanos, tendrán la decepción más grande de su vida, ya que el licenciado Tejada Espino hará bueno el adagio popular de: “Hagan lo que yo digo, no lo que yo hago”. |
