Unos 20 millones de dólares les ofrece el gobierno nacional a los afectados por la Ley 25 del 14 de diciembre de 1990, para acabar de una vez por todas con este problema, el cual ha llevado al Estado panameño al banquillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Edwin Salamín, ministro de Trabajo, resaltó que les han ofrecido a los más de 270 empleados que fueron despedidos en 1990, de instituciones estatales, unos 20 millones de dólares pagaderos en cuatro pagos, pero estos no le han dado una respuesta y han optado por dilatar el asunto.
La CIDH ordenó que se le otorgara mediante sentencia el pago de las prestaciones laborales de estos ex trabajadores por el orden de $60 millones de dólares, lo cual ha sido considerado por el dirigente de los ex funcionarios estatales, Marnique Mejía, como algo "innegociable".
Según Salamín, ellos han propuesto los 20 millones de dólares en un plazo de cuatro pagos, los cuales sumados a los 10 millones que les dio en su momento el gobierno de Mireya Moscoso y los 800 mil dólares más que se les otorgaron en el 2005, harían 30 millones 800 mil dólares que han recibido estos panameños que fueron despedidos durante el gobierno de Guillermo Endara.
PROPUESTA
El ministro de Trabajo, Edwin Salamín, aseguró que el Gobierno ha propuesto a los 270 trabajadores despedidos en 1990, unos 20 millones de dólares, pagaderos en cuatro pagos.