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"Cr�nica de un sabotaje anunciado (I)"

"Si la Uni�n por Panam� no dise�a y aplica, cuanto antes, una estrategia para contrarrestar el sabotaje perredista, se encontrar� a partir del 1� de septiembre con la penosa realidad de que no podr� gobernar ni en la casa presidencial"

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Carlos Guevara Mann
Carlos Guevara Mann
Colaborador

El pasado viernes, el presidente P�rez envi� a la Asamblea tres nuevos proyectos para que sean aprobados por la aplanadora oficialista durante las sesiones extraordinarias. Entre ellos est� la iniciativa que impedir�a al pr�ximo gobierno utilizar los mil 300 millones del Fondo Fiduciario para el Desarrollo para financiar proyectos destinados al alivio de la pobreza y la promoci�n del desarrollo humano sostenible (La Prensa, 17 de julio).

Al momento de escribir estas l�neas, es �ste el �ltimo eslab�n en la cadena de medidas aplicadas por el actual gobierno para sabotear la gesti�n de Mireya Moscoso. Las medidas han sido concebidas y ejecutadas de acuerdo con un cuidadoso plan puesto en pr�ctica a partir de principios de mayo, tan pronto se conoci� la victoria de la Uni�n por Panam� en la elecci�n presidencial del 2 de mayo.

Lamentablemente, las iniciativas del PRD no han sido confrontadas con la energ�a y determinaci�n que se requiere. Si la Uni�n por Panam� no dise�a y aplica, cuanto antes, una estrategia para contrarrestar el sabotaje perredista (como se propuso aqu� el s�bado), se encontrar� a partir del 1� de septiembre con la penosa realidad de que no podr� gobernar ni en la casa presidencial.

La ausencia de respuestas a la poblaci�n generar� frustraci�n en la ciudadan�a, que tiene altas expectativas del gobierno de Mireya Moscoso. Se producir� as� una situaci�n de falta de gobernabilidad, con potencial para sumir al pa�s en la inestabilidad y el caos, que es precisamente lo que busca el PRD como mecanismo para recuperar el poder, por las buenas o por las malas. Por eso es necesario que revisemos aqu�, de manera cronol�gica, las acciones tomadas por el PRD para torpedear la gesti�n del pr�ximo gobierno.

El 10 de mayo de 1999, la ministra de Gobierno y Justicia, Mariela Sagel, present� en la Asamblea un proyecto para crear la "Autoridad de Aviaci�n Civil", un nuevo "ente regulador" de la aviaci�n en reemplazo de la Direcci�n de Aeron�utica Civil.

El proyecto contemplaba la privatizaci�n del aeropuerto de Tocumen y el nombramiento de un administrador por cinco a�os, con autonom�a para dirigir la instituci�n, independientemente de los lineamientos del gobierno de Mireya Moscoso. A la nueva Autoridad se le asignar�a tambi�n la supervisi�n del lucrativo negocio del suministro de derivados de petr�leo a las aeronaves (El Panam� Am�rica [EPA], 11 y 18 de mayo).

En esa misma fecha la FENASEP, cuya dirigencia controlada por el PRD apoy� la candidatura de Mart�n Torrijos, advirti� que no permitir�a� "que la clientela pol�tica del partido arnulfista desplace a los actuales funcionarios del gobierno" (EPA, 11 de mayo).

La mayor�a de los "actuales funcionarios" son clientes del PRD, nombrados durante la dictadura militar (1968-1989) o bajo el gobierno del presidente P�rez (1994-1999). Muchos de los empleados p�blicos que ocupan mandos medios en el engranaje estatal son fichas clave en el plan de la c�pula de sabotear la gesti�n del gobierno de Mireya Moscoso.

El 11 de mayo, en previsi�n de lo tramado por el PRD, la presidenta electa emiti� un comunicado en el cual solicita a los empleados p�blicos con mando y jurisdicci�n que por "la transparencia y seriedad que el pa�s reclama" se abstuvieran "de hacer contrataciones o asumir compromisos m�s all� del d�a en que finaliza el per�odo de P�rez Balladares."

Con la soberbia y arrogancia que lo caracteriza, el presidente declar� que "su mandato no ha terminado" y que hasta el 31 de agosto "tiene la potestad" (no la responsabilidad ni el deber) "de administrar los establecimientos p�blicos" (EPA, 11 de mayo). Estas declaraciones ratifican la concepci�n del Estado como bot�n que prevalece en el actual gobierno y constituyen un anticipo de lo que habr� de ocurrir hasta la entrega del poder, el 1� de septiembre.

 

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