Colombianos esperan que acuerdos sirvan para disminuir violencia

Bogotá
AFP

E
l primer efecto del acuerdo firmado por la segunda guerrilla colombiana y la sociedad civil debe ser la disminución de una violencia que deja más de 30.000 muertos anuales, miles de secuestros, centenares de matanzas de civiles, éxodos forzados de campesinos y un récord de violaciones de derechos humanos, dijeron analistas este jueves.

Al responder sobre posibles omisiones en el acuerdo suscrito la víspera en Alemania entre el guevarista Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Consejo Nacional de Paz, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales, Carlos Villegas, dijo gráficamente que "el texto tiene algunos agujeros, pero muchos menos que los que tienen nuestros muertos".

Un reciente informe de la comisión de Justicia y Paz, de religiosos católicos, señala que en Colombia "conviven las más despiadadas formas de genocidio, exterminio de disidentes y guerras contra enemigos internos" que han convertido a la población civil en el principal objetivo militar.

El más reciente informe policial, publicado en mayo, señala que en 1997 se registraron 31.806, un 20% de ellos directamente relacionados con el conflicto armado.

Sin embargo en las actuales condiciones de violencia en Colombia, es difícil determinar cuándo un homicidio corresponde o no a móviles políticos.

A la trágica estadística de muertes, hay que sumar más de 1.700 secuestros, la mitad atribuidos a la guerrilla y el éxodo forzado de un millón de campesinos que en la última década, han debido huir de sus tierras ante la violencia, que además de la guerrillas izquierdistas también protagonizan el Ejército y los paramilitares.

Estos últimos, que en la reciente asamblea general de Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Ginebra (Suiza), en marzo, fueron responsabilizados como los mayores responsables de la violaciones, aseguran en palabras de su jefe, Carlos Castaño, que sólo "hacemos el trabajo sucio que los militares dejan de hacer".

El hastío por esta violencia consuetudinaria, llevó a organizaciones cívicas a promover un informal referendum paralelo a las elecciones regionales de octubre pasado, que recogió más de 10 millones de votos a favor de exigir al gobierno, insurgentes y paramilitares a negociar para detener el baño de sangre.

Ese referendum comienza a rendir frutos, no sólo en el acuerdo con el ELN, sino también con el realizado el pasado 16 entre el presidente electo Andrés Pastrana y las marxistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la principal guerrilla, para iniciar diálogos a partir de la toma de posesión del nuevo gobierno, en tres semanas.

 

 

 

 

 

 



 

Un reciente informe de la comisión de Justicia y Paz, de religiosos católicos, señala que en Colombia "conviven las más despiadadas formas de genocidio, exterminio de disidentes y guerras contra enemigos internos" que han convertido a la población civil en el principal objetivo militar.

 

 

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