Gran Bretaña da luz verde a proceso
de extradición de Pinochet
Agencias
Internacionales
El secretario de Interior
de Gran Bretaña, Jack Straw, dijo ayer jueves que los procedimientos
de extradición contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet pueden
seguir adelante por un reducido catálogo de abusos en los derechos
humanos cometidos durante su mandato.
Straw "llegó a la conclusión de que... la petición
formal de España puede iniciar la extradición por los delitos
de tortura y conspiración en tortura", indicó un comunicado
del Ministerio de Interior.
La decisión acabó con las esperanzas de los simpatizantes
de Pinochet de que el reciente debilitamiento del caso español contra
el general retirado de 83 años por parte del más alto tribunal
británico, los Law Lords, hiciera que Straw le permitiera regresar
a Chile.
"El general ha sido acusado de estos crímenes, no se ha
demostrado que los haya cometido", afirmó Patrick Robertson,
un portavoz de Pinochet, en BBC radio. Aseguró que el caso de Pinochet
sería mejor manejado por tribunales chilenos.
Pero los defensores de los derechos humanos estaban emocionados.
"Tras 25 años de impunidad, esta decisión definitiva
significa que Pinochet tendrá que responder finalmente por sus terribles
crímenes", dijo Reed Brody, un experto legal de la organización
Human Rights Watch, con sede en Nueva York, que presentó documentos
escritos en el caso Pinochet
"ES UN ACTO NEGATIVO"
Tras las declaraciones hechas recientemente, se produjeron opiniones
entre las que figura la de la ex primera ministra Margaret Thatcher quien
manifestó que la decisión del ministro británico de
Interior, Jack Straw, de autorizar el proceso de extradición del
ex dictador chileno Augusto Pinochet es "un acto político vengativo",
afirmó ayer jueves la ex Thatcher, una de las más ardientes
defensoras del general, acusó a Straw de haber situado "sus
ambiciones por encima de sus deberes y haber perjudicado el honor de su
tarea".
"Parece que su examen de los argumentos fue superficial e inadecuado",
añadió en un comunicado.
"No se trata de una decisión de un hombre justo", añadió
Thatcher, que el mes pasado visitó a Augusto Pinochet en su residencia
vigilada de las afueras de Londres
FUSTIGAN A GRAN BRETAÑA
Por otra parte, el gobierno chileno fustigó al ministro británico
del Interior, Jack Straw, por considerar que no revisó a fondo el
fallo de la Cámara de los Lores sobre el ex dictador Augusto Pinochet.
Sin embargo, el ministro chileno de Relaciones Exteriores, José
Miguel Insulza, descartó tomar represalias por la decisión
de Straw, quien dio luz verde al proceso judicial de extradición
de Pinochet a España, donde enfrenta un proceso por crímenes
contra la humanidad.
"No tomaremos medidas extras, no llamaremos a nuestro embajador
(en Londres, Mario Artaza) para consultas, no declararemos a ninguna persona
non grata y no vamos a romper relaciones con nadie, espero que haya quedado
claro", remarcó.
Respondió así a llamados de la oposición derechista
y empresarios, que pidieron romper relaciones con Gran Bretaña y
endurecer su postura ante Londres.
Por el contrario, grupos de derechos humanos recibieron la resolución
de Straw con ambiente festivo, y realizaron una marcha pacífica por
la capital para celebrar.
Un comunicado leído a la prensa por Insulza señaló
que "el señor Straw no ha querido asumir la responsabilidad
política de responder a la clara indicación de los lores en
el sentido de 'reconsiderar su decisión', sino que se ha limitado
a modificarla aún pretextando que se trata de 'un nuevo examen'".
Un panel judicial de la Cámara de los Lores aval del 24 de marzo
la extradición de Pinochet para casos de tortura cometidos después
de 1988, cuando Gran Bretaña adhirió a la convención
internacional contra la tortura.
Basado en ello, los lores pidieron a Straw reconsiderar la decisión
que había adoptado el 9 de diciembre al dar curso al proceso judicial
de extradición de Pinochet a España, donde enfrenta un proceso
por crímenes contra la humanidad.
Con la decisión anunciada el jueves, serán los tribunales
británicos los que decidan si Pinochet debe enfrentar a la justicia
hispana.
Entre las organizaciones detractoras y simpatizantes del detenido ex
dictador, el fallo provocó reacciones encontradas.
Grupos de derechos humanos vivieron un estallido de júbilo, con
abrazos y gritos, al conocer la decisión en la madrugada en un local
céntrico de Santiago, donde celebraron una vigilia.
Igualmente, allegados a la Fundación Presidente Augusto Pinochet
no ocultaron su desazón, y salieron en autos a protestar frente a
las embajadas de Gran Bretaña y España, desde donde se trasladaron
a un barrio de generales del ejército a sonar sus bocinas, en un
llamado a "despertar" a los militares.
"Esta decisión no solo es para nosotros los familiares de
las víctimas de la represión, sino para el mundo entero, por
el precedente que sienta en el sentido que ningún dictador podrá
cometer crímenes contra la humanidad sin que sea sancionado",
dijo Viviana Díaz, activista de derechos humanos.
Por su parte, el empresario Hernán Briones, presidente de la
Fundación Pinochet, dijo que "protestamos una vez más
de la manera más enérgica por este nuevo atentado a la soberanía
jurídica del país".
Sostuvo además que "el gobierno debe hacerse parte de los
próximos pasos contemplados en el orden jurídico de Inglaterra
para que finalmente se obtengan resultados", remarcó Briones.
Por su parte, la diputada socialista Isabel Allende, hija del derrocado
presidente marxista Salvador Allende, dijo que era partidaria de gestionar
el regreso de Pinochet a Chile, pero si había voluntad de procesarlo
en el país suramericano.
"Nosotros somos partidarios de que muestren clara voluntad política,
no sólo del gobierno, sino también de los distintos actores
para que haya justicia en Chile", subrayó Allende.
Con su decisión, Straw abrió las puertas para el proceso
de extradición de Pinochet a España, donde el juez Baltasar
Garzón lleva un proceso en su contra por crímenes contra la
humanidad.
El gobierno chileno había anticipado el fallo la víspera,
al señalar que Straw se limitaría a "complementar"
la decisión que había anunciado el 9 de diciembre, cuando
avaló el proceso de extradición de Pinochet.
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