Preocupación por retirada
de fiscales de zona de distensión
Bogotá
EFE
El fiscal general colombiano,
Alfonso Gómez, consideró ayer de "hecho muy preocupante"
que autoridades fiscales y judiciales hayan tenido que abandonar sus lugares
de trabajo en el sur del país por presiones de la guerrilla.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) expulsaron de
San Vicente del Caguán a la fiscal regional Maritza Chavarro Anturi
la semana pasada, y secuestraron a comienzos de ésta a la juez de
Cartagena del Chairá, Edna Patricia Cabrera Londoño.
Otra juez, Carmen Alicia Cardona Jiménez, de la localidad también
selvática de Carurú, en el departamento del Vaupés,
vecino a Brasil, fue "obligada" a abandonar ese pueblo esta semana.
El fiscal dijo a periodistas en Pereira, ciudad del centro del país,
que el Gobierno acordó la retirada de tropas y de la policía
en una zona de distensión "para facilitar unos acuerdos"
de paz, pero un despeje (retirada) judicial".
En San Vicente del Caguán, el principal de cinco pueblos del
área de distensión ordenada por el Gobierno para facilitar
el diálogo de paz con las FARC, la fiscal Chavarro Anturi fue obligada
por la guerrilla a cerrar su despacho y abandonar la localidad.
El área de distensión rige desde el 7 de noviembre de
1998, y su vigencia inicial de noventa días fue ampliada en un periodo
similar por el presidente colombiano, Andrés Pastrana.
El procurador general, Jaime Bernal, y el fiscal general, Alfonso Gómez,
criticaron la expulsión de fiscales y jueces de esa guerrilla al
advertir de que no pueden ser sustituidas las autoridades legítimamente
constituidas.
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Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) expulsaron de
San Vicente del Caguán a la fiscal regional Maritza Chavarro Anturi
la semana pasada, y secuestraron a comienzos de ésta a la juez de
Cartagena del Chairá, Edna Patricia Cabrera Londoño. |
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