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EDITORIAL
Telefonía
En Panamá se ha hecho costumbre dejar todo para última hora y una prueba de ello es lo referente a la necesidad de una ley para constituir un fondo que garantice el servicio telefónico a las áreas apartadas del país.
Desde hace dos años se conocía que a partir del año 2004 debía existir una Ley de Servicio Universal, pero tanto el Ente Regulador de los Servicios Públicos como los representantes del gobierno ante la directiva de la telefónica Cable & Wireless, se han dormido en sus laureles.
La idea es que entre los 15 concesionarios para explotar el negocio telefónico se establezca un aporte para constituir un fondo que garantice el acceso telefónico a regiones apartadas y los 80 mil clientes usuarios de la tarifa básica.
Según Cable & Wireless, el brindar esos servicios le genera pérdidas a la empresa mixta por el orden de 30 millones de dólares.
Es casi improbable, que faltando ocho días para culminar las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa, se presente el proyecto en mención y que los legisladores lo aprueben.
Resulta inconcebible que el Ente Regulador y el Ministerio de Economía y Finanzas, las dos entidades directamente involucradas en el tema, permanezcan hundidas en el pantano de la burocracia.
Al mismo tiempo se hace necesario, que los residentes de las áreas rurales cuiden los teléfonos públicos y no se permita el vandalismo.
El teléfono puede salvar la vida de una persona y resulta irresponsable que 6,715 de los 11,153 teléfonos públicos estén dañados.
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PUNTO CRITICO |
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