El Departamento de Estado ha sugerido al gobierno panameño utilizar los mecanismos del Tratado de Asistencia Legal Mutua (TALM) para acopiar las pruebas de los señalamientos de corrupción que se le formulan al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Winston Spadafora.
El llamado TALM fue ratificado por la Asamblea Legislativa en julio de 1991 y cuatro años después hizo lo mismo el Senado de Estados Unidos. Dicho tratado fue propuesto cuando Deane Hinton era el embajador norteamericano y Guillermo Endara estaba al frente de la Presidencia panameña.
Como se trataba de un documento polémico se desarrollaron negociaciones durante 15 meses. Para entonces, el propósito básico era facilitar la investigación del lavado de dinero, narcotráfico y la evasión tributaria.
Hoy una de las preocupaciones mayores es la corrupción oficial y de allí que las autoridades estadounidenses propongan a la Cancillería recurrir a ese procedimiento para obtener las pruebas que alega tener Washington.
La situación pone en un dilema al Ejecutivo, que deberá elevar esa petición y luego remitirla a la Asamblea Nacional para analizar si existen o no méritos para procesar al magistrado de la Corte.
Así las cosas, los tres poderes del Estado panameño están inmersos en una situación difícil, donde el no hacer nada pondrá en entredicho a la propia nación.