Los jefes de Estado y de Gobierno que participaron en la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre la Integración y Desarrollo (CALC), pidieron a la Unión Europea mantener a Panamá como beneficiario del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP).
En el documento final se incluyó una "Declaración Específica", en la que se solicita a la Comisión Europea continuar otorgando a Panamá los beneficios del régimen especial, en el período comprendido entre 2009 y 2011.
El mandatario Martín Torrijos agradeció la solidaridad.
Se estima que Panamá tendrá que pagar en aranceles $60 millones en los dos próximos años, debido a la "negligencia" del Gobierno panameño en no renovar la inclusión del país en el Sistema General de Preferencia (SGP-PLUS) para las exportaciones panameñas a Europa, estimó Domingo Latorraca.
Panamá quedó fuera de la lista de países a los que se les extenderán los beneficios del SGP a partir del 2009, por no presentar la solicitud de renovación antes de la fecha límite, que se cumplió el pasado 31 de octubre.
Las pérdidas para el país en términos de subsidio, que serán pagadas con los ingresos de los impuestos de los panameños, ascienden aproximadamente a unos $30 millones por año, si se estiman al 10% que es el arancel más bajo, explicó Latorraca.
En el 2007 Panamá exportó hacia la Unión Europea $300 millones en productos no tradicionales, cifra que siguió creciendo este año y que disminuirá en los dos próximos años por esta "metida de pata", dijo Latorraca.
En tanto, José Ramón Varela, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias y Agricultura de Panamá, calificó de "carilimpias" las declaraciones del Gobierno panameño, en la cual intenta responsabilizar a la Unión Europea por actos que son obligaciones exclusivas de las autoridades nacionales.
"Esta publicación, lejos de ayudar a resolver el problema, puede agravarlo, distanciándonos aún más de nuestro segundo socio comercial, afectando al sector exportador y la imagen internacional de nuestro país", afirmó el empresario.
Además, sugirió que se debe reembolsar al exportador lo que tendrá que pagar por esta "negligencia".
