El gobierno nacional, a través de la ministra de Gobierno, Olga Golcher, presentó ayer al pleno de la Asamblea Nacional las reformas a la ley general de transporte.
El documento sienta las bases para la apertura del servicio a nuevas concesionarias nacionales o extranjeras, bajo la fiscalización de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).
Las reformas puestas a la consideración del Legislativo fijan penas de prisión entre seis meses y dos años para los conductores que causen la muerte de una persona. Las modificaciones en el Código Penal hacen referencias a los agravantes por consumo de alcohol, droga, exceso de velocidad, fuga o no portar licencia de conducir.
La nueva junta directiva de la Autoridad de Tránsito estará integrada por los ministros Olga Golcher, Balbina Herrera, Benjamín Colamarco, el Contralor Dani Kuzniecky y un representante del presidente de la República.
Según el contenido, la ATTTT "podrá otorgar nuevas líneas, rutas, piqueras o zonas de trabajo, a través del procedimiento de acto público".
Igualmente se crea la jurisdicción coactiva para el cobro de las multas a conductores. Los nuevos concesionarios deberán probar su experiencia, solidez de capital y disponibilidad de la tecnología requerida para la operación del servicio con los estándares de calidad y seguridad al usuario.
Las reformas permitirán a la Autoridad fiscalizar y controlar el transporte a través del revisado dos veces al año.
MARCHA DE BUSEROS
"Diablos rojos" y taxis se unieron en una caravana que provocó un tranque a lo largo de las avenidas capitalinas para mostrar su rechazo al proyecto.
A pesar de que habían amenazado con llamar a una huelga a sus bases cuando se presentara el mismo, ayer cambiaron de estrategia y decidieron dejar la decisión que adoptarán para el próximo jueves, después de una asamblea general que tendrá como sede la ciudad capital.
Los transportistas en Colón también cumplieron con su promesa de salir en caravana desde Sabanitas hasta Colón para demostrar la solidaridad.
BUSES QUE NO CIRCULAN
Un informe de la ATTT revela que de 2,787 buses que tienen certificado expedidos, apenas 1,670 cuentan con certificado de operación y de esos, 337 están dañados.
Unas 337 unidades de transporte no han prestado el servicio a los usuarios por más de un año, lo que convierte a sus propietarios en serios candidatos para que se les cancele el certificado de operación de los mismos.
En el censo que fue realizado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), se destaca también que unas 111 unidades han estado fuera de servicio por reparaciones desde hace seis meses.