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Las recientes quiebras sospechosas de las empresas Fotokina, ADELAG, Estrella Mar y Banaico, motivaron al pleno de la Asamblea Legislativa a iniciar la discusión de un proyecto de ley que pretende endurecer las penas para sancionar delitos financieros que comprometan la confianza pública en el sistema bancario, los servicios financieros y en mercado de colocación de los valores negociables de la República de Panamá.
Este proyecto fue propuesto por el Procurador José Antonio Sossa, y su objetivo, al tipificar los delitos financieros, es crear las disposiciones sustanciales penales que permitan disuadir y reprimir hechos que comprometan la estabilidad financiera del sistema bancario panameño.
La sanción de cárcel será de cinco a diez de prisión para quien destruya, oculte o falsifique los libros o registros de contabilidad, la información financiera o las anotaciones en cuentas de custodia de un emisor registrado en la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Igualmente se sanciona de dos a siete años de prisión al trabajador o directivo administrativo de una empresa que mediante utilización de tecnología u otras maniobras fraudulentas, se apodere, haga transferencias ilícitas de dinero, valores, bienes y otros recursos financieros de una entidad bancaria, empresa o financiera. |