La oposición perredista ha denunciado presiones del Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Organo Judicial para encarcelar a varios de sus dirigentes, entre ellos, algunos exmandatarios.
La justicia no debe ceder ante ningún esfuerzo para tratar de doblegarla, pero tampoco puede incumplir su deber de investigar cuando se sospeche un delito.
El perseguir injustamente a un político es reprochable, pero la categoría de político no le garantiza a nadie una patente de corso o de intocable frente a la comisión de un ilícito.
La justicia debe ser imparcial y objetiva, pero en Panamá muchas veces no se cumple esa premisa, cuando se trata de los llamados delitos de cuello blanco.
En Panamá somos dados a copiar lo norteamericano, pero obviamos en ese afán adoptar aspectos fundamentales de los Estados Unidos como es su sistema de justicia, donde desde el más grande hasta el más pequeño va al banquillo de los acusados cuando se le investiga por algún delito.
En el ámbito judicial se denuncia el uso de pruebas ilícitas en diversos procesos y no sólo en el caso que se le sigue a la Procuradora de la Nación, pero no sucede nada. Los funcionarios deben ser los más celosos cumplidores de las leyes en el ejercicio de sus funciones y no tomar atajos ilegales.
Así mismo sucede con las investigaciones y las auditorías cuando se trata de casos que involucra a funcionarios del gobierno de turno, donde muchas veces se omiten hacer las averiguaciones pertinentes, pero apenas cambia la administración gubernamental, los mismos servidores ciegos, sordos y mudos, son los más acuciosos en indagar frente a lo que antes se hicieron de la vista gorda.
Cuando la justicia cumpla su papel sin importar quién esté en el poder, nada ni nadie podrá ejercer presión sobre ella.