Los esfuerzos contra la corrupción aparentemente no han tenido éxito, tomando en consideración el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) divulgado por Transparencia Internacional.
En una calificación ideal de 10 puntos, Panamá logró 3.5, incluso una cifra algo peor que la anterior medición.
A qué se debe esa mala calificación. Las razones son diversas. Hay que reconocer que el gobierno ha creado la Secretaría Anticorrupción, promulgó un Código de Ética para los funcionarios, publica los desembolsos de la partida secreta y eliminó algunas restricciones sobre la Ley de Transparencia.
Sin embargo, las investigaciones contra funcionarios de la anterior administración no han prosperado. Después de pregonar que hubo despilfarro de fondos públicos, hoy día sólo un exfuncionario guarda prisión.
Otro elemento es el deterioro que sufre el sistema de justicia. Uno de los magistrados de la Corte Suprema denunció a varios de sus colegas y al final no sucedió nada.
Además hay un peligroso elemento que poco a poco se está entronizando en la sociedad panameña y en el sector público: la penetración del narcotráfico.
Los carteles de la droga han reclutado servidores judiciales, policías y hasta el encargado de la lucha antidroga. Al mismo tiempo, Panamá se enfrenta al peligro del sicariato con su secuela de asesinatos y desaparecidos.
El esfuerzo para que a Panamá no se le perciba como una nación corrupta, debe ser conjunto y no sólo es una tarea del gobierno, porque ese flagelo afecta a casi todos los sectores del país.