El Congreso boliviano abrió la puerta para que el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada se convierta en el primer gobernante elegido democráticamente en la época moderna del país que tenga que someterse a un juicio.
Según la legislación boliviana, la resolución aún requiere la aceptación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que aplicará la Ley de Responsabilidades en vigencia desde el 13 de marzo de 2003, precisamente promulgada por el principal inculpado, y que sustituyó a la normativa de 1884.
La aceptación o rechazo de la acusación será resuelta por los tres magistrados de la Sala Penal de Bolivia, los ministros Jaime Ampuero, Héctor Sandóval y José Luis Baptista, tras revisar el requerimiento presentado en enero pasado por la Fiscalía General de la República.
El proceso, en caso de concretarse, afectará al ex presidente y a todos los integrantes de su gobierno, una coalición integrada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), de Sánchez de Lozada, por el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), del ex presidente Jaime Paz Zamora, por la Nueva Fuerza Republicana, del ex militar Manfred Reyes Villa, y dos independientes.
