Martes 9 de octubre de 2001

 

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¡Al fin!, Mireya y Martín inician diálogo ante la crisis

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Carlos Estrada
Crítica en Línea

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Para ello se propone establecer un programa de seguimiento permanente al conflicto colombiano y desarrollar información de inteligencia entre las fuerzas políticas sobre el desenvolvimiento del conflicto mundial.

La mandataria Mireya Moscoso y el secretario general del PRD, Martín Torrijos, se reunieron ayer durante una hora y acordaron crear tres comisiones para abordar la reactivación económica, la modernización del Canal y la seguridad ciudadana.

Las propuestas de la oposición para reactivar la economía consisten en la rápida entrega de los Certificados de Participación Negociable (CERPAN) para así inyectarle cerca de B/.100 millones a la economía de manera temporal, agilizar el pago de las cuentas atrasadas del sector público al comercio con el objetivo de aliviar las presiones sobre el capital de trabajo de las empresas.

También el PRD plantea eliminar temporalmente el cobro del FECI a los préstamos personales y comerciales para reducir a la carga de intereses sobre el servicio de la deuda de las familias panameñas y los empresarios, así como la suspensión de los aumentos de las tarifas de la energía eléctrica que ocurrirán como consecuencia del aumento del peaje aprobado por ETESA.

Dentro de este plan de reactivación de la economía nacional, la oposición propone la implementación de medidas alternas para promover la inversión privada entre las que destacan la entrega en concesión de la construcción y operación del segundo puente sobre el Canal, el establecimiento de una instancia de coordinación entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa para dar prioridad a los proyectos de ley relativos al IDAAN, al Centro Multimodal de Transporte y el de "Call Center".

Igualmente el PRD le propuso al Ejecutivo declarar la antigua base de Howard como zona económica especial, dirigida al establecimiento de empresas que utilicen tecnología de punta; solucionar cuanto antes el problema de la incertidumbre de la industria bananera, así como revisar la política energética para promover la inversión privada en la generación eléctrica con fuentes de energía no renovables.

El equipo económico del PRD para dirigir estas propuestas lo integran el ex ministro de Economía, Guillermo Chapman, el expresidente Nicolás Ardito Barleta, Orville Goodin, Marco Fernández y Francisco Rodríguez. El equipo relativo al tema del Canal lo integran: Fernando Manfredo, Oydén Ortega, Tomás Paredes y Jorge Eduardo Ritter. El equipo en materia de seguridad estará conformado por Danilo Toro, Efebo Díaz Herrera, Alejandro Moncada y José Gómez.

Martín Torrijos aseguró que con estas iniciativas el PRD no aspira a cogobernar, ni busca constituirse en un obstáculo al desarrollo nacional. Torrijos alegó que este diálogo no ha sido convocado para "repartirse beneficios con el Ejecutivo y que jamás se ha negociado la posible ratificación de Winston Spadafora como magistrado de la Corte Suprema de Justicia o la devolución de las partidas circuitales".

En cuanto a la Modernización del Canal de Panamá, el PRD plantea la necesidad de ampliar la vía interoceánica tomando en consideración a los habitantes de la cuenca hidrográfica sustentados en estudios confiables de impacto ambiental, de proyección de tráfico, tendencias de construcción de buques y las perspectivas del comercio marítimo mundial.

El PRD planteó que al menos parte de los ingresos del Canal deben tener destinación específica de manera que la mayor cantidad posible de panameños perciba de manera directa sus beneficios. Las medidas dirigidas a garantizar la seguridad ciudadanos contempla establecer una instancia de coordinación entre los organismos de seguridad del Estado y los enlaces necesarios con el Ministerio Público y el Organo Judicial, presentar una propuesta legislativa encaminada a organizar, coordinar y definir el ámbito de acción del Sistema Marítimo, Servicio Aéreo, Servicio de Protección Institucional, Consejo de Seguridad y la Unidad de Análisis Financiera.

Además proponen modernizar los mecanismos de captación y procesamiento de información para hacer más eficiente la prevención, la investigación y persecución de delitos, así como la instalación de un sistema moderno de intercambio de información migratoria.

 

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