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La liberación de los dirigentes se dio, luego de la marcha de un centenar de desempleados el domingo 30 de septiembre.  |
Después de 14 días fueron liberados los ocho dirigentes de la Alianza por Colón, por orden de la Gobernadora de la provincia, Luciana de Policani, arrestados por protagonizar actos violentos registrados el pasado 17 de septiembre.
Los liberados son Marcos Allen (quien se encontraba detenido en las dependencias de la Policía Nacional en Fuerte Davis), Cristopher Kelly, Roberto Small Avila, Danilo López, James Robinson, Carlos Grenald, Ariel Torres Heraldez y Hugo Heraldez (recluidos en el Centro Penitenciario de Nueva Esperanza).
Allen, calificó de injusta a la gobernadora, Luciana de Policani, por demorar la liberación de los desempleados y señaló que presentará una querella criminal contra la funcionaria.
Igualmente, James Robinson (a) Rastanini, acusó a las autoridades por no alimentarlo bajo la dieta de vegetales que él requiere, durante los 14 días de arresto no ingirió alimentos.
Cabe destacar, que de acuerdo con las resoluciones 128 de 18 de septiembre y 130 de 20 de septiembre, la orden de arresto de la Gobernación contra los ocho dirigentes se fundamentó y aportó como recursos probatorios un recorte del periódico La Prensa con fecha 18 de septiembre de 2001, que sólo señala lo siguiente "integrantes de la Alianza por Colón que aglutina a siete grupos de desempleados de esa provincia, quemaron anoche cuatro vehículos del Gobierno porque, según dijeron no están conformes con la respuesta que les ofreció la semana pasada el Primer Vicepresidente, Arturo Vallarino".
En agosto pasado, el Pleno del Segundo Tribunal Superior de Justicia, hizo un llamado de atención a la Gobernación de Colón en el sentido de que "ninguna autoridad está eximida de cumplir con el debido proceso, independientemente de la gravedad de la falta o delito.
También enfatizaron los magistrados que en Panamá rige un Estado de Derecho, por lo que se debe cumplir con las reglas básicas para preservar el sistema, " porque de lo contrario estaríamos incurriendo en errores y vicios que hemos lamentado en los diferentes países de América Latina, en los que durante épocas anteriores eran violados los derechos humanos, tanto de las víctimas como de los victimarios".
Por su parte, para la Defensoría del Pueblo la detención dictada por la Gobernación de Colón no estaba fundamentada en los presupuestos mínimos legales establecidos en un Estado de Derecho, por lo que calificó de prudente y positiva la decisión de la Gobernadora de ordenar la inmediata libertad de los ocho dirigentes colonenses. |