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Gobierno y FARC anuncian que volverán a la mesa para negociar
Bogota
AFP
El Alto comisionado de paz de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) principal guerrilla del país- anunciaron que esta semana definirán una fecha para volver a la mesa de negociación, después que el gobierno cediera en sus exigencias sobre una comisión internacional que debe acompañar el proceso. El comisionado oficial, Víctor G. Ricardo y el responsable de las relaciones internacionales de las FARC, Raúl Reyes, anunciaron el acuerdo el sábado a través de sendos comunicados. La noticia fue saludada por las organizaciones no gubernamentales que trabajan con los temas de derechos humanos y la paz, la iglesia Católica y sectores políticos. El anuncio sirvió como colofón a una semana en que parecieron superarse algunas diferencias que habían entrabado las diversas negociaciones de paz que simultáneamente se intentan para poner fin al conflicto más antiguo de Latinoamérica. En efecto, las conversaciones entre organizaciones civiles y la segunda guerrilla del país, el guevarista Ejército de Liberación Nacional (ELN, conformado por unos 5.000 hombres), se reanudaron en Caracas. Al mismo tiempo, la tercera organización rebelde, el Ejército Popular de Liberación (EPL, antiguos maoístas con unos 500 efectivos) liberó al obispo católico de Tibú (nordeste) José de Jesús Quintero, como muestra de su disposición a dialogar. La definición de una fecha con las FARC, debe poner fin a un pulso que en los últimos meses habían sostenido ambas partes sobre la conformación de una comisión internacional de verificación, a la que se niega la guerrilla y que, según el gobierno, debe supervisar los compromisos a que se pudieran llegar. El comienzo de la negociación de una agenda de 12 puntos, que incluye reformas económicas, políticas, sociales, estaba previsto para el 20 de julio pasado, pero se frustró después que las FARC se abstuvieron a enviar sus representantes, por considerar que el gobierno estaba utilizando el tema de la comisión internacional para presionar en forma indebida. Portavoces rebeldes dijeron en esa oportunidad que las FARC no se oponen a la participación de la comunidad internacional dentro del proceso, pero que puede convertirse en una "intervención descarada". El presidente Andrés Pastrana había insistido en que la conformación de la comisión internacional de verificación había sido acordada durante su segundo encuentro, en mayo pasado, con el máximo líder de las FARC, Manuel Marulanda Vélez. Según versiones del especializado quincenario La Nota Económica, uno de los motivos que provocó la renuencia de las FARC a aceptar la mediación sería la supuesta intención oficial de contemplar incluso la posibilidad de autorizar "fuerzas de paz", armadas y facilitadas por terceros países, dentro de la llamada "zona de distensión". La región, dentro de la cual se realizan los diálogos, está conformada por 42.000 km2 en el sudeste del país, entre las selvas del Caguán y los llanos del Yarí. (Una superficie equivalente a la de Suiza y de unos 60.000 habitantes). Según informes policiales, estos territorios fueron durante la década de los ochenta, un enclave de la comercialización de la hoja de coca (base para la cocaína). La zona fue desmilitarizada en noviembre pasado por orden de Pastrana, y dejada bajo el virtual control de las FARC, como una forma de facilitar los acercamientos de paz. Según grupos de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo (Ombudsman), en esa zona las FARC habrían ajusticiado a algunos campesinos y civiles. La guerrilla advirtió en la última semana que detrás del recrudecimiento del conflicto y la agudización de las diferencias en torno al tema de la paz, estaría la intención del gobierno de Estados Unidos para promover una invasión por parte de fuerzas de países vecinos como Perú, Brasil y Ecuador. Al mismo tiempo, las FARC han denunciado un estancamiento en las negociaciones paralelas que buscan un canje de unos 500 guerrilleros y activistas de organizaciones sociales presos por cerca de 400 policías y militares que los rebeldes han tomado como "prisioneros de guerra".
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