El Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos anunció ayer que revisará la constitucionalidad de las inyecciones letales utilizadas para ejecutar sentencias de muerte, tras la demanda interpuesta por dos condenados que consideran que infligen un sufrimiento innecesario.
Los dos reclusos, Ralph Baze y Thomas Clyde Bowling Jr., ambos condenados a muerte, presentaron una demanda contra el estado de Kentucky en el 2004 para detener el uso de las inyecciones letales.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos, en su anuncio, fijó para el 5 de noviembre la primera audiencia de los argumentos.
Al menos 11 de los 37 estados que utilizan inyecciones letales para ejecutar condenados han suspendido el método luego de las denuncias sobre su supuesta crueldad.
Una dosis insuficiente de anestésicos, una de los tres productos utilizados en la inyección, produciría al condenado grandes dolores antes de su muerte.
Las inyecciones letales se han convertido en el método más popular de ejecución en Estados Unidos después de la reinstauración de la pena de muerte en 1977.
La última estadística sobre los métodos de ejecución es del 2004.
De 1977 al 2004, de los 944 personas ejecutadas, 776 recibieron inyecciones letales.
