Panamá tiene la provechosa ventaja de poseer un estratégico recurso natural: su posición geográfica. La existencia del Canal Interoceánico obliga a las grandes trasnacionales productoras de crudo a pasar una considerable flota de barcos. Aunque los supertanqueros no pueden cruzar por ahora el istmo de un océano a otro, si lo pueden hacer navíos más pequeños, que en el último año han trasladado por la vía acuática entre 17 a 19 millones de toneladas de petróleo.
Cuando por primera vez escuchamos la propuesta de poner un impuesto de peaje especial para todos aquellos petroleros medianos que trasladan crudo al Asia, la Costa Este de Estados Unidos y Europa, nos pareció desafiante, debido a la excusa clásica sobre el asunto de la seguridad jurídica de las inversiones foráneas.
La idea que puso al aire el periodista Hugo Enrique Famanía en KW Continente, que luego fue recopiada por la oposición política y confirmada por el sub administrador del Canal, Manuel Benítez, es una alternativa real frente al constante abuso de las petroleras en contra del consumidor.
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) es una entidad de todos los panameños. Su aporte al desarrollo económico y social del país es importante, pues es el verdadero pilar del comercio local.
El Canal Interoceánico hay que explotarlo como una herramienta política y de presión ante las adversidades. Ese slogan de "Pro Mundi Beneficio", de dar nuestro recurso natural más importante sólo para beneficiar a las potencias extranjeras, debe ser desplazado por un "Pro Mutuo Beneficio", como me lo advertía una joven periodista.
La visita del presidente panameño Martín Torrijos a las Naciones Unidas, en donde propuso en este organismo supranacional a que las grandes potencias económicas sean más responsables para controlar el consumo desmesurado de crudo, nos indica que el Gobierno nacional está preocupado por la crisis energética, causada por el aumento de los derivados del petróleo.
Si cinco petroleras en Panamá nos tienen secuestrados, ya es hora de tomar medidas severas de parte del Estado. Hay que construir más hidroeléctricas, cambiar la ley del suministro de electricidad para flexibilizar la llegada de nuevas tecnologías de energía. Hay que reestablecer una refinería para uso nacional y la invitación a Qatar para que use al istmo como punto de distribución de gas natural, es una opción también realista para frenar la crisis petrolera.
Por ello, estamos de acuerdo con el impuesto a los barcos petroleros, pues es un derecho de los panameños a ejercer una decisión de fuerza, una crítica indirecta al abuso de los consorcios del oro negro, que no les importa que millones de personas se mueran de hambre, a costa de la especulación y el monopolio del combustible.
