La Alianza Ciudadana Pro-justicia, presentará ante la Asamblea Nacional de Diputados, una denuncia criminal contra los magistrados del pleno de la Corte Suprema de Justicia, que resulten involucrados en los actos de corrupción e irregularidades dentro de las sentencias y fallos denunciados por el magistrado Adán Arnulfo Arjona.
ENTREGAN INFORME
Las acciones asumidas por las distintas organizaciones que conforman la Alianza Pro-Justicia, surgen luego de investigar, analizar y llevar a cabo una auditoria de los seis fallos denunciados por el magistrado Arjona, el 3 de marzo de 2005, y que motivó en aquel momento la creación de la Comisión de Estado por la Justicia.
La presidenta de la Alianza Ciudadana, Magaly Castillo, entregó ayer a la presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Mercedes Araúz de Grimaldo, el informe y las conclusiones que resultaron de los autitos realizados a las sentencias y fallos que evidencian "selectividad y favoritismo" de la Corte, al igual que "estimulan la impunidad y agravan la percepción de corrupción".
Durante la entrega y exposición del documento participaron los demás miembros de esta organización Angélica Maitin, Carlos Lee, Santander Tristán, y el presidente de APEDE, Enrique de Obarrio, Luis H. Moreno, así como abogados y reconocidos juristas del país.
El documento hace referencia a los fallos y sentencias relacionados a delitos de drogas de la colombiana Lorena Henao Montoya, la fuga del colombiano Fernando Requena Duval y el rechazo de una acción que buscaba impedir la devolución de bienes en un caso narcotráfico.
Asimismo se mencionan los procesos por tráfico internacional de 3 mil fusil AK-47 enviados por la Policía de Nicaragua a Panamá, medidas cautelares a los integrantes de una red internacional implicada en la incautación de 3 toneladas de drogas en Las Cumbres y Zona Libre y la denegación de información sobre los manejos de la Fundación Mar Del Sur.
CONCLUSIONES DE LA ALIANZA
Las conclusiones de Alianza Ciudadana en el documento determinan que en los casos relacionados con drogas "se emitieron decisiones cuestionables", ya que ponen en "evidencia la selectividad y favoritismo" del pleno de la Corte motivados por otras razones que ameritan investigación por parte de los diputados.
Sostiene la organización que la "actitud condescendiente" de algunos magistrados en los casos ligados al narcotráfico "dejan muchas interrogantes y preocupaciones" con respecto al porque de la selectividad de la justicia.
Los fallos en donde se permitió devolución de dinero de presunta procedencia ilícita en el caso del ciudadano Luís Carlos Herrera y la declaratoria efectuada en el caso de la Fundación Mar del Sur, en donde resultaba obvio que los dineros donados eran de fondos públicos, "estimulan la impunidad y agravan la percepción de corrupción".
FALLOS PREOCUPANTES
Alianza Ciudadana revela que la "incongruencia y selectividad", observada en los fallos de Habeas Corpus de Carlos Baloy y Lorena Henao Montoya, "son preocupantes en la medida que se observa una actitud complaciente del sistema de justicia en casos de mucha gravedad".
Asegura el documento que existen las dudas del porqué de la selectividad de la justicia en estos casos, lo que conlleva "consecuencias negativas", que pueden traer el no tener mecanismos de control jurisdiccional de la conducta de los jueces y se crea un "ambiente propicio para la corrupción".
HAY QUE INVESTIGAR
La Alianza Ciudadana recomienda que la Asamblea de Diputados, sobre la base del artículo No. 160 de la Constitución, debe investigar las declaraciones del magistrado Arjona, que ponen en dura la correcta aplicación de la justicia por parte de los magistrados de la Corte.
Solicitan al magistrado Arjona, que aclare sus insinuaciones y debe explicar su opinión de selectividad de los fallos de delitos por narcotráfico denunciados. Sugieren también cambios al sistema de administración de justicia en Panamá, de manera que se garantice el ejercicio de la judicatura independiente y democrática.
HABRA PRUEBAS Y TODO
La presidenta del Colegio de Abogados, Mercedes Araúz de Grimaldo, aseguró que dentro la denuncia que se presentará se aportarán las pruebas sumarias que requiere la formalidad ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional.
Magaly Castillo, afirmó que le corresponderá a la Asamblea resolver si acoge o no la denuncia, la cual incluirá pruebas anexadas a los cuadernillos, fallos y procesos, elementos necesarios para abrir una investigación.
El presidente de APEDE, Enrique de Obarrio, señaló que es la Asamblea de Diputados, es a quien le corresponde investigar a los magistrados de la Corte y en el caso especifico existen claras evidencias dentro de la auditoria de Alianza Ciudadana de las actuaciones de los miembros del Órgano Judicial.
DESMIENTEN CASO
En tanto, el abogado Sydney Sitton desmintió la posición de Alianza Ciudadana en lo referente a Luis Carlos Herrera y Mario Arango. Explicó que el caso se remonta a hace 10 años. Ambos residen en EU y la Fiscalía de Drogas no le aprehendió B/.330 mil, sino 1 millón 243 mil balboas en Banaico y por negligencia del Ministerio Público, no se separó dicha suma y al quebrar el banco, se perdieron casi un millón de balboas, lo que debió originar una investigación penal contra los responsables.
Sitton alega además que Herrera y Arango fueron absueltos en Estados Unidos y Colombia de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero, por la que Panamá no puede hacerles doble juzgamiento por los mismos hechos.