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Chile pide serenidad ante juicio penal a ex generales
Chile
AFP
El gobierno chileno exhortó ayer a la serenidad en torno al procesamiento judicial de dos ex generales sospechosos de complicidad en el asesinato, en 1982, del sindicalista Tucapel Jiménez, que aquel año pretendía organizar una huelga contra la dictadura de Augusto Pinochet. Los juicios contra los dos oficiales retirados, Humberto Gordon y Roberto Schmied, "no tienen por qué enrarecer" el ambiente nacional, dijo el Ministro Secretario de Gobierno, Carlos Mladinic. "Efervescencia" en el Ejército, tituló en portada el vespertino La Segunda, describiendo reacciones castrenses por la suerte de ambos. Gordon y Schmied, que integraron la cúpula de la temida policía secreta del pasado régimen pinochetista, la CNI (ex Dina), fueron imputados como cómplices del crimen, que 27 años después de cometido es investigado por el juez de fuero Sergio Muñoz. Gordon, 71, entonces director de la CNI, designado por Pinochet, acató la orden de comparecencia ante el magistrado y quedó arrestado en el Hospital Militar de Santiago el pasado martes. Pero Schmied, en aquella época jefe de la división metropolitana de la agencia, protagoniza una confusa situación desde el miércoles, cuando el tribunal dispuso su presentación. Periódicos y radios dijeron ayer que, pese a su calidad de ex uniformado, Schmied, 63, se "refugió" en la víspera en el cuartel del regimiento de infantería Buin (área norte de Santiago), buscando evadir la acción judicial y obtener la solidaridad de sus ex camaradas. Sin embargo, Schmied apareció finalmente en la sede del Batallón de Telecomunicaciones, en otro lugar de Santiago, a disposición del juez Muñoz, según informaron funcionarios del tribunal. Mladinic habia admitido la inusual permanencia del ex oficial en el regimiento Buin, pero una fuente militar consultada por la AFP desmintió tajantemente el supuesto "asilo". Mladinic dijo que los procesos contra Gordon y Schmied han originado reuniones en el seno del Ejército en las últimas horas. El gobierno no ha considerado formalmente el asunto, pero es posible que lo analice ahora en el Comité Político del gabinete de ministros del presidente Eduardo Frei, agregó. "Hay que dejar que la justicia cumpla su labor (...) las decisiones de los tribunales deben ser respetadas", comentó escuetamente el mandatario durante un acto público en la mañana de ayer. Fuentes militares han criticado lo que llaman el indeseado "desfile" de militares inculpados ante los jueces chilenos y advierten que las querellas por las violaciones a los derechos humanos arriesgan frustrar esfuerzos de reconciliación de los bandos y de recuperación de la unidad del país. El asesinato a tiros y cuchilladas de Tucapel Jiménez, socialdemócrata y veterano líder de los empleados fiscales, figura entre los más emblemáticos crímenes políticos cometidos durante el régimen de Pinochet (1973-1990). El ex presidente, ex jefe del Ejercito y hoy senador, completó ayer 11 meses de arresto en Londres, a pedido del juez español Baltasar Garzón, que le imputa crímenes "imprescriptibles" de lesa humanidad. Garzón menciona unas 3.000 ejecuciones y asesinatos a manos de policías y tropas durante la administración de facto, que fue sustentada por las fuerzas armadas y partidos de derecha, tras el cruento derrocamiento del mandatario socialista Salvador Allende, en 1973. La acción represora de la Dina primero, y de su sucesora CNI después, concentra el grueso de los cargos de Garzón y de 42 querellas similares presentadas en Chile contra Pinochet entre enero de 1998 y este mes. Sin embargo, el mismo Gordon, al asumir la jefatura de la CNI en junio de 1981, reivindicó una imagen contrapuesta: "En la CNI se actúa dentro de la ley y del respeto de los derechos humanos. Con un buen método de interrogación se llega a obtener la verdad", según aseveró entonces.
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