Un total de 17,036 contratos por $1, 5 billones ha refrendado la Contraloría en los primeros meses del año 2009, según informe presentado por el contralor Carlos Vallarino.
Señaló que al Gobierno central se le han refrendado 9, 243 contratos; a los Municipios de Panamá y San Miguelito 905; vinculados al PRODEC 1, 396; a entidades descentralizadas 4, 566; y sedes regionales, un total de 926 proyectos.
Los contratos devueltos por "inconsistencias" en su formulación ascienden a 4, 430 proyectos. En el tema de fiscalización adelantó que varias empresas no recibirán el pago por la realización de obras vinculadas al PRODEC, porque simplemente se fueron por la libre a ejecutar los proyectos sin tener en mano el refrendo del contrato por parte de Contraloría.
"Nos hemos enterado de que muchos de los contratos que fueron rechazados por Contraloría estaban siendo ejecutados por los contratistas, pero allí es el contratista quien tendrá el perjuicio, porque no se le va a poder pagar porque no tiene ni siquiera un contrato", agregó.
Señaló que el control previo en PRODEC ha frenado que afloren irregularidades que han sido más notorias en casos donde se obviaron procedimientos de control fiscal de los auditores de la institución.
Sostuvo que en los proyectos de PRODEC, la mayoría de los contratos rechazados guardaban relación con problemas de altos precios, falta de especificaciones técnicas de las obras, de indemnizaciones en el trabajo a realizar y falta de experiencia de la empresa.
Vallarino manifestó que para estos proyectos, la Contraloría ha redactado un manual de procedimiento especial que es actualizado periódicamente para corregir aspectos por donde las partes pudiesen evadir el control fiscal.
Los contratos del PRODEC ascienden a $197, 8 millones con 2, 976 obras en ejecución o por ejecutar. Vallarino declaró que a pesar de que la ley permite contrataciones directas, durante los procesos de adjudicación se solicitó que hubiese competencia entre empresas.
El PRODEC tiene una asignación anual de $50 millones, destinando $80 mil para atender las obras prioritarias a nivel de corregimientos del país.
Hace una semana, Vallarino compareció a la Asamblea donde afirmó que los casos más sonados de corrupción durante las últimas dos últimas administraciones gubernamentales suman un perjuicio económico contra el Estado de $17, 6 millones. Destacó que en los últimos 24 meses el perjuicio económico asciende a $7 millones. Detalló que de los $17, 6 millones incluidos como perjuicio económico contra el Estado, la mayor cuantía se le atribuye a proyectos del FIS bajo la Presidencia de la República por $5, 4 millones, Consulados por $1, 8 millones, BDA por $4 millones, MOP por 590 mil; y en otras entidades, la cuantía suma $2 millones.
En el caso del manejo del FECE, Vallarino expresó que al 31 de agosto, el manejo irregular del programa suma $3, 7 millones. "Allí las cosas eran graves, había alteración de firmas, retención de fondos y se eliminó el control previo de la noche a la mañana", dijo.
Por el lado de la remoción de la fibra de vidrio, el funcionario explicó a los diputados que la lesión patrimonial se calcula en $1, 4 millones.