El gobierno rechazó ayer una propuesta de la empresa Panamá Ports Company (PPC), que acogía parte de las exigencias del Estado panameño, pero objetaba dos condiciones y a la vez le hizo un "último llamado" para que acepte la propuesta oficial en su totalidad.
Un comunicado oficial destaca que aceptar las reclamaciones de PPC implicaría el pago por parte del Estado a la empresa de B/.40 millones o un reconocimiento de un crédito por esa suma, lo que significaría recibir B/.62 millones en vez de B/.102 millones de pago inmediato.
La compañía también quería que el Estado cediera el 10% de las acciones portuarias bajo su control, lo que a juicio del gobierno implicaría entregar un activo sin recibir pago alguno.
PPC aceptó parcialmente las condiciones que el gobierno le impuso para resolver un prolongado diferendo económico, originado tras un decreto de la administración arnulfista que los exoneró de pagar más de B/.1, 300 millones en un periodo de 40 años.
PPC aceptó pagar B/.9 por el movimiento de cada contenedor y aumentar ese pago quinquenalmente hasta a un 10% anual, lo que elevará el cargo por contenedor a más de B/.19 al final de la concesión.
La empresa se comprometió a invertir B/.1, 000 millones, para elevar en dos etapas y en 10 años, la capacidad instalada de ambos puertos a 6.5 millones de contenedores de 20 pies.
De manera inmediata se invertirían B/.500 millones repartidos en B/.300 millones para el puerto de Balboa y B/.200 millones para el puerto de Cristóbal.
Según PPC, ese compromiso de inversión permitirá generar 25, 000 empleos directos e indirectos en Panamá y Colón. Según las proyecciones de la empresa, el pago por contenedor y el compromiso de aumentar la capacidad instalada, generará pagos al Gobierno por el orden de B/.923 millones en lo que resta de la concesión.
También plantean realizar un pago único por infraestructuras y negocio en marcha recibidos de B/.102 Millones, que refleja un valor muy por encima de los bienes recibidos al momento de la privatización