Una medida cautelar solicitó ayer la Editora Panamá América, S.A., a la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH), para evitar que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Winston Spadafora, secuestre los bienes de esta empresa, que edita los diarios Panamá América, Crítica y Día a Día.
La petición fue presentada ayer en Washington por el director del Panamá América, Octavio Amat, en la sede de esta corporación. No se dio fecha inmediata para la respuesta a dicha solicitud.
Spadafora mantiene una demanda civil por B/.2 millones contra EPASA, a la que acusa de haber manchado su honor por publicar en el año 2001 una noticia sobre la construcción con fondos estatales de una carretera con la que, según la nota, se beneficiaba una finca de propiedad del magistrado.
Los periodistas autores de la nota: Jean Marcel Chery y Gustavo Aparicio fueron condenados en la rama penal por la noticia referida, aunque meses después fueron indultados. La condena penal sirve de base al magistrado Spadafora para demandar ahora civilmente a los periodistas y a EPASA.
Amat reiteró su pedido de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponerles, más allá de este caso en particular, la grave situación que se vive en Panamá en materia de Libertad de Expresión.
Por su parte, el relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Eduardo Bertoni, dijo que tiene una especial preocupación por el caso de Panamá, y aseguró que le dará seguimiento al caso de EPASA, Chéry y Aparicio.
Bertoni dijo que atenderá la solicitud de audiencia al pleno de la Comisión, según los trámites que se siguen para estos casos.
La Relatoría es asesora de la CIDH para determinar a quién se recibe en audiencia, y Bertoni dejó entrever que hay muchas posibilidades de que se reciba a los panameños para que expongan la delicada situación de la Libertad de Expresión en el país.
El Relator señaló que Panamá hizo bien en derogar las leyes mordazas, lo que significó algo alentador; sin embargo, dijo, "todavía existen decisiones judiciales" contrarias al espíritu de aquella derogación, y aún hay legislación que tiene que ser modificada.
Bertoni señaló que en Panamá todavía no se ha entendido que los funcionarios tienen un estándar distinto al de cualquier particular, cuando se trata de analizar una posible afectación de su honor.
"Ese distinto estándar no significa que no tienen honor, sino que la manera de sopesarlo es diferente, por lo que existe la necesidad de que se demuestre la real malicia" de los periodistas cuando escriben en contra de funcionarios, indicó.
