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EDITORIAL
Tráfico de armas
La captura de un cargamento de armas de guerra en Bejuco de Chame pone al descubierto que Panamá sigue siendo un país utilizado por los grupos insurgentes colombianos para equiparse. Las armas se introducen en camiones procedentes de Nicaragua, lo que hace suponer que existe una amplia red en la región centroamericana, para encubrir el avance de 271 fusiles, explosivos y lanzagranadas a través de las fronteras de diversos países. La pregunta es por qué la Aduanas en Paso Canoa no pudo detectar el avance de esos camiones preñados de armas de guerra. Los cuerpos de seguridad de Panamá deben estar ahora más alertas que nunca, porque la guerrilla colombiana se está preparando para reaccionar ante el Plan Colombia. Para nadie es un secreto que elementos paramilitares y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), desarrollan transacciones de compra y venta de armas. Las autoridades panameñas desde hace cinco lustros conocen de estos eventos fronterizos, y actividades mercantiles, bancarias que estos grupos desarrollan. El tráfico de armas está relacionado con el narcotráfico y ahora existe la modalidad de canjear fusiles AK-47 por kilos de cocaína. El decomiso pone de manifiesto que Panamá sigue siendo un corredor para el suministro de pertrechos para los grupos armados de Colombia, por lo que reiteramos que se deben reforzar nuestras fronteras. Ojalá que a los involucrados se les sanciones severamente y no se presente el hecho como un caso administrativo, que al final queda como una falta administrativa, sancionada con algunos miles de dólares de multa. Las autoridades deben estar conscientes que las incursiones de elementos armados por tierras nacionales irrita a los panameños y acrecienta los temores entre pobladores de la frontera que presienten futuros enfrentamientos, sobre todo porque todos recordamos cuando hace dos años se observaron elementos guerrilleros paseándose por el poblado de La Miel, en Kuna Yala. Darién y Kuna Yala requieren de programas sólidos para atender sus carencias públicas, entre ellos, vigilancia, vías de comunicación, infraestructurass y preservación cultural, afianzamiento de las autoridades administrativas y policiales, de manera que sirvan como elementos de contención para los irregulares colombianos.
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PUNTO CRITICO |
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