El pleno de la Asamblea Legislativa aprobó antenoche una resolución donde autoriza a abogados electos como legisladores de la República a resolver negocios judiciales dentro del Órgano Judicial.
La resolución mantiene la prohibición constitucional para los juristas que ocupan una curul dentro del Órgano Legislativo de ejercer funciones privadas ante instituciones que pertenecen al Órgano Ejecutivo.
La medida busca proyectar la imagen de transparencia en las funciones públicas y privadas de los profesionales del derecho que integran la Asamblea Legislativa.
La licencia concedida por el pleno legislativo a 12 legisladores principales y suplentes les los autoriza a resolver casos pendientes dentro de los tribunales de justicia, pero con la excepción de las dependencias gubernamentales del Ejecutivo.
De conformidad con el numeral 4 del artículo 152 de la Constitución, la licencia se concedió a los legisladores José Blandón, Raúl Rodríguez, Wigberto Quintero, Juan Hernández, Jorge Hernán Rubio, Franz Wever, Dorindo Cortez, Eric López, Julio Luque, Rigoberto Vergara, Tomás Gabriel Altamirano Duque y Martín Wilson Chen.
Los legisladores que tienen por profesión la abogacía podrán realizar diligencias legales ante los tribunales, por cualquier circunstancia, de acuerdo con una resolución aprobada por la Asamblea Legislativa, mediante la cual se les concede licencia para estos propósitos.
La licencia permitirá que los legisladores ejerzan la profesión de abogado fuera del período de sesiones del pleno legislativo o dentro de éste.
Advierte que la Constitución establece que los Legisladores que son abogados de profesión no podrían por si mismos o por interpuestas personas realizar contratos con el Estado, ni ejercer ante entidades públicas, razón por la cual se tramitó la aprobación de la resolución.