Miércoles 4 de septiembre de 2002

 

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  OPINION

EDITORIAL
Pugna en la Corte

Cuando el río suena es porque piedras trae. La forma irregular como el viernes se divulgó parcialmente el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaraba no viable un Recurso de Hecho promovido por la defensa del legislador perredista Carlos Afú, levantó suspicacias.

La Corte tardó dos días para divulgar los detalles de la sentencia de la mayoría y el salvamento de votos de los magistrados Arturo Hoyos, Graciela Dixon y José Troyano, los cuales revelan la pugna que se desarrolló a lo interno del máximo tribunal, por el caso Afú.

Según Arturo Hoyos, fue admitido un recurso de hecho que no tenía cabida legal, tomando en consideración que ya había un precedente desde el año 1993.

Hoyos, quien ya fue presidente de la Corte, destaca que recursos como la advertencia de inconstitucionalidad, resultan inconvenientes en los procesos electorales, porque pueden ser utilizados para dilatar los resultados de las elecciones y puede involucrar a la Corte Suprema prematuramente en las controversias político-electorales.

Por su parte, los magistrados Troyano y Dixon censuran la referencia crítica que le hace la mayoría de los magistrados al Tribunal Electoral, en cuanto a las demoras de esa Corporación en remitir al pleno de la Corte, la advertencia de inconstitucionalidad presentada por la defensa de Afú, lo que dio luego margen al Recurso de Hecho.

Resulta preocupante que ese tipo de pugnas se estén registrando en la Corte Suprema y que de alguna forma los aspectos políticos afecten el funcionamiento de la justicia.

Desde un principio, el panameño intuía que algo extraño estaba pasando en torno a la justicia y el caso Afú. El tiempo se encargó de revelarlo. En resumidas cuentas, lo que se traduce de todo este enredo al que la Corte se dejó arrastrar, es que se quería ganar tiempo.

Se percibe que el tema de las votaciones en la Asamblea Legislativa de alguna manera estuvo relacionado con la definición del recurso de Hecho del caso Afú.

Quizás no hubo la intención del pleno de inmiscuirse en los problemas políticos que encierra el caso del legislador disidente del PRD, pero la demora del pronunciamiento aumentó una percepción diferente.

Lo sucedido sirve a los magistrados para ser más cuidados en temas similares y debe ser una experiencia para evitar que en el futuro, se utilice la justicia para dirimir los problemas políticos, que en todo caso, debe dilucidar el Tribunal Electoral.

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