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Corrupción entre senadores podría causar desafueros
Buenos Aires
AP
El presidente Fernando de la Rúa se constituyó en garante de una investigación hasta descubrir la verdad sobre un presunto pago de sobornos al Senado, escándalo que ha provocado la renuncia de cuatro senadores a sus bancas y la de otros tres a su inmunidad parlamentaria. "No me va a temblar la mano para llegar hasta el hueso", dijo el presidente en rueda de prensa. "El presidente de la República es el garante y así lo asumo plenamente, en la transparencia y la plena vigencia de las instituciones", afirmó. Las declaraciones de de la Rúa, horas después de su arribo desde Brasil, se producen en medio del escándalo y del enrarecido clima político que incluyó versiones sobre renuncias de algunos ministros. Pero el presidente ratificó a su gabinete y desmintió las versiones. "No hay nadie cuestionado", dijo para defender a sus funcionarios. "Una cosa es que sean mencionados por evaluaciones y otra que sean cuestionados", explicó. Dos altos funcionarios de su gobierno --el ministro de Trabajo Alberto Flamarique y jefe de los servicios de inteligencia Fernando de Santibañez-- están sospechados de haber efectuado pagos por alrededor de 10 millones de dólares para que los senadores aprobaran la polémica ley de reforma laboral en abril. Ambos han negado su participación y se han puesto a disposición de la justicia. La ley era considerada fundamental por el gobierno, pero fue fuertemente resistida por los sindicatos y en un principio también por la oposición peronista. El juez a cargo de la causa manifestó que hubo sobornos a senadores y pidió el desafuero de ocho de ellos, en un inesperado impulso a la investigación. "Tengo indicios graves y concordantes que para esta instancia judicial me permiten aseverar que hubo sobornos", declaró el juez federal Carlos Liporaci. Sólo 24 horas antes había manifestado que sería muy difícil concluir la investigación debido a la falta de pruebas. El magistrado no descarta el pedido de desafuero de más senadores, a los que también estaría investigando. Pero a pesar del impulso para investigar que quiere mostrar el gobierno y de las recientes declaraciones del juez, el descrédito en las instituciones argentinas es casi total, de acuerdo a una encuesta privada de Ibope publicada hoy en el diario La Nación. El 94% de los encuestados considera que los sobornos son cosa corriente en el Senado, y el 85% está convencido de la existencia de un hecho de corrupción, según el sondeo, cuyo margen de error del 4,9% y fue realizado con una muestra de 400 cuestionados de esta ciudad. Pocas horas después de las declaraciones del juez y en medio de las sospechas que recaen en la Cámara Alta, cuatro reconocidos senadores --tres de la oposición peronista y uno del oficialismo-- renunciaron ayer a sus bancas aduciendo razones éticas. Otros tres senadores peronistas, que forman parte de los ocho sospechosos de haber recibido sobornos, renunciaron sólo a sus fueros y se pusieron a disposición del juez para declarar. El vicepresidente Carlos Alvarez, también presidente del Senado y uno de los principales impulsores de la investigación, dijo hoy que "hay que investigar cueste lo que cueste y caiga quien caiga". "Si alguien cobró (para aprobar la ley), alguien pagó ...y esto debe ser investigado", expresó. Como parte de una maniobra para limpiar su imagen, ayer renunciaron a sus bancas los senadores peronistas Jorge Yoma y Eduardo Menem, y el legislador de la oficialista Unión Cívica Radical Raúl Galván, todos de la provincia de La Rioja, en el noroeste argentino, de la que es oriundo el ex presidente Carlos Menem. Otra de las consecuencias del escándalo, fue la renuncia a sus fueros de los senadores peronistas Eduardo Bauzá, Angel Pardo y Ricardo Branda, sospechosos de haber percibido dinero para votar en abril a favor de la ley de reforma laboral. Senadores de la Alianza oficialista y de la oposición peronista adelantaron que el próximo martes votarían en favor de los desafueros de los ocho senadores requeridos por el juez. La Cámara Alta deberá contar con el apoyo de las dos terceras partes de sus miembros presentes. Liporaci pidió el desafuero del senador radical Javier Meneghini y de los peronistas Ramón Ortega --ex cantautor popular apodado "Palito", ex gobernador y ex candidato a vicepresidente--, Eduardo Bauzá, Emilio Cantarero, Angel Pardo, Remo Constanzo, Alberto Tell y Ricardo Branda. Todos fueron señalados por las versiones de que cobraron sobornos para la aprobación de la ley de reforma laboral, pero todos han negado su participación. El desafuero es el paso previo para indagar y eventualmente procesar a los ocho senadores, siete de ellos del peronismo, el principal partido opositor, y uno del oficialista Unión Cívica Radical (UCR), del presidente Fernando de la Rúa. La investigación de Liporaci también intenta descubrir quién pagó los sobornos. El juez sospecharía que los fondos para ese supuesto soborno podrían haber partido de las círculos oficiales y por ello citó para el lunes como testigo al viceministro de Economía Mario Vicens. El funcionario deberá explicar en detalle cómo se distribuyeron y gastaron los fondos públicos reservados durante los primeros seis meses del año. En medios políticos no se descarta tampoco que los sobornos hayan partido de sectores privados interesados en la aprobación de esa ley, que entre otras cosas limita el poder de los sindicatos y cercena algunos antiguos derechos laborales.
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