El mandatario Ricardo Martinelli ha denunciado que el gobierno anterior era una especie de máquina para robar. Son acusaciones serias y es obligación de los funcionarios que ocupan cargos ministeriales y de dirección en diversas instituciones, presentar las pruebas que sustenten semejantes afirmaciones.
Sucede que cada vez que se cambia un gobierno se lanzan acusaciones al aire y luego al pasar los años, las investigaciones quedan en nada y nadie guarda prisión.
Frente al panorama de latrocinio que se nos pinta, hay que preguntar entonces para qué sirve el control previo y posterior de los auditores de la Contraloría. Lo primordial de la fiscalización es prevenir el mal uso de los fondos públicos.
De igual manera, el Ministerio Público y el Organo Judicial deben jugar su papel, para que los que se atreven a meter la mano en el Erario Público paguen por sus ilícitos.
De nada vale que un juicio se demore cuatro o cinco años. Si bien es cierto que el accionar de la justicia no es similar a los tiempos mediáticos, tampoco es para que los expedientes duerman en los archivos de fiscales y jueces.
La justicia objetiva, imparcial y expedita es fundamental en un Estado de Derecho.
Si hay una acusación que se interponga la denuncia y que no se abuse del show mediático. Luego que el Ministerio Público desarrolle su investigación sin presiones de ningún tipo y que en corto tiempo se le diga al país si había mérito en los señalamientos o era una mera acción para enlodar al adversario político.
Los funcionarios deben entender que su desempeño debe ser transparente y tienen que tener colaboradores del mismo calibre, para evitar que mañana pasado cuando abandonen sus cargos, tengan que enfrentarse a la sospecha de la comisión de un ilícito.