El juez federal William Hoeveler rechazó los argumentos de los abogados del ex general Manuel Antonio Noriega de que su estatus como prisionero de guerra estadounidense impida su extradición a Francia, donde enfrenta cargos por lavado de dinero.
Hoeveler falló a favor del gobierno de Estados Unidos, al acoger el argumento de los fiscales del caso que sostenían que la convención de Ginebra no prohíbe la extradición de los prisioneros de guerra una vez cumplan con su pena, como es el caso de Noriega.
Frank Rubino, abogado de Noriega, dijo que su cliente está acongojado con la decisión, y lamentó una vez más que Panamá no hubiera hecho ningún esfuerzo por hacer valer su petición de extradición.
Según William Hoeveler, la protección dada a Noriega como prisionero de guerra bajo la Convención de Ginebra no ofrece restricciones a su posible extradición a un tercer país como Francia.
La decisión del magistrado William M. Hoeveler, emitida dos semanas antes de que Noriega sea puesto en libertad, allana el camino para que el juez William C. Turnoff examine el próximo martes la solicitud de extradición presentada por Francia.
En su dictamen de 12 páginas, Hoeveler aclaró que se calificó a Noriega, de 73 años, como prisionero de guerra en la década de los años 90 por las preocupaciones expresadas por el acusado en torno al trato que iba a recibir mientras estuviera en custodia de Estados Unidos.
"Este tribunal nunca intentó, por ser el acusado denominado prisionero de guerra, protegerlo de todos los futuros procesos judiciales por delitos graves que él presuntamente hubiera cometido", precisó Hoeveler.
Durante la vista del pasado 13 de agosto, el fiscal Sean Cronin manifestó que la petición del ex militar panameño era 'prematura en este momento'.
Advirtió de que si Hoeveler se pronunciaba antes de que el juez William C. Turnoff tomara una decisión sobre la solicitud de extradición de Francia, 'complicaría el procedimiento y lo prolongaría'.
La decisión de Hoeveler es un triunfo para la Fiscalía Federal de Estados Unidos, que había solicitado al juez que no se pronunciara sobre si la extradición de Noriega era contraria a la Convención de Ginebra, porque ello debía ser tratado y decidido por el magistrado Turnoff.
En una vista preliminar en julio, el juez Turnoff dijo que tenía la intención de acatar cualquier decisión final que emitiera Hoeveler y que en esencia sería el pronunciamiento de éste que determinará el resultado definitivo de la solicitud de extradición de Francia.
Los abogados de Noriega han calificado de 'ridículo' que Panamá permita que el ex militar sea extraditado a Francia, cuando afirma tener delitos más serios para juzgarle como 'asesinato y extorsión'.
El abogado de Noriega, Jon May, señaló que la única excepción establecida en la Convención es cuando un prisionero de guerra ha cometido crímenes de guerra que perjudican a otro país aliado.
De acuerdo con los documentos entregados en el tribunal de Miami, las operaciones financieras en las que presuntamente estuvo involucrado Noriega en Francia se habrían realizado entre diciembre de 1988 y diciembre de 1989. Parte del dinero se destinó a la compra de tres apartamentos de lujo en París. En Panamá, Noriega afronta condenas por 61 años de prisión; mientras, el gobierno panameño -a través del vocero presidencial Eric Rodríguez Auerbach- reiteró que Panamá solicitó desde 1991 la extradición de Noriega, pero que le corresponde a las autoridades norteamericanas decidir sobre esa petición.
El portavoz del gobierno panameño adelantó que si Noriega es extraditado a Francia, dirigirá hacia las autoridades de ese país la solicitud de extradición del ex general, para que cumpla las penas correspondientes que le han sido impuestas por los tribunales panameños”.
