El presidente Evo Morales enfrentaba el martes una andanada de presiones para destituir a Jorge Alvarado, titular de la estatal petrolera boliviana (YPFB), por "indicios" de corrupción y críticas a su gestión al frente de la empresa, piedra angular de la nacionalización de los hidrocarburos.
Alvarado es acusado de haber firmado en junio un contrato con la empresa brasileña Iberoamérica para canjear crudo por diesel sin recurrir a una licitación pública, con lo cual transgredió el decreto de nacionalización de hidrocarburos aprobado por Morales el 1 de mayo pasado y una ley anticorrupción.
La situación de Alvarado, que este martes viajó a Estados Unidos para abordar negociaciones con la firma Shell-Enron, que gestiona una red de ductos en Bolivia, se complicó cuando el Ministerio de Hidrocarburos encontró "indicios de responsabilidad administrativa" en su comportamiento.
"No existen evidencias documentales de la ejecución de un proceso competitivo y transparente de selección de la empresa exportadora", Iberoamericana, lo que permite inferir que se la eligió "arbitrariamente", deploró el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, basado en el informe de su equipo de auditores y abogados.
"Las sanciones pueden ir desde la amonestación hasta la suspensión definitiva. Si bien hay un vacío legal, se piensa que la autoridad que debe tomar una decisión es la que nombró, en este caso, el presidente", explicó el ministro.
El propio Soliz será interpelado este martes en el Congreso y su gestión referente a la nacionalización gasífera podría ser sometida a un voto de censura en la Cámara alta.
El gobierno considera que la eventual censura de Soliz representa, en términos políticos, un freno al proceso de nacionalización de hidrocarburos, supuestamente atacada por "poderes externos y internos", involucrados en el sector.
Morales "va a esperar el pronunciamiento de la Contraloría, de la Fiscalía y seguramente lo datos que pueda ofrecer el Ministerio de Hidrocarburos", anticipó el ministro de la Presidencia, Ramón Quintana.
El informe fue capitalizado por la oposición que presionaba el relevo inmediato de Alvarado e intentaba afectar la credibilidad del propio Morales.
Podemos, principal formación de oposición del ex presidente derechista Jorge Quiroga, intimó al gobernante izquierdista a demostrar su talante moral con la destitución de Alvarado.
"Aquí está claro que lo único que cabe es que el presidente Morales siguiendo la política utilizada en otros casos (recientes de un superintendente y dos viceministros) que por mucho menos elementos de juicio, lo destituya", opinó el senador opositor Carlos Börth.
En caso contrario, "arrojará dudas sobre la naturaleza de sus vínculos con el presidente de YPFB y va a poner en duda la transparencia de todo su gobierno", advirtió.
Alvarado, a quien el mandatario ratificó su confianza el fin de semana pasado, tiene un plazo de 10 días hasta el próximo viernes para presentar descargos.
La situación de Alvarado, a quien Morales definió en febrero como "incorruptible", fomentó la arremetida opositora que cuestiona severamente el proceso de nacionalización de hidrocarburos, piedra angular de la política oficial, y que podría coronar este martes si censura al ministro.
"Con estos elementos de juicio se habrían completado los elementos para la censura", afirmó Börth.
El ministro de la Presidencia de Bolivia, Ramón Quintana, admitió que la adecuación de los contratos de operación privada "se ha complicado" a poco más de dos meses de vencer el plazo para que consorcios petroleros adhieran a la nacionalización.
"El tema de modificación de contratos (de riesgo compartido, suscritos en 1996 al calor de una ley entonces vigente) es una telaraña que uno no se puede imaginar", reveló el funcionario a más de 100 días de revertidos a propiedad del Estado boliviano los hidrocarburos.
El gobierno boliviano negocia con 20 multinacionales petroleras, entre ellas Repsol, de España; Total, de Francia; Petrobras, de Brasil y British Petroleum, de Gran Bretaña.
