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REFLEXIONES
"La cuestión electoral"
Carlos Christian Sánchez C.
Colaborador
Un hecho que pasó casi desapercibido por la ciudadanía, debido gracias a los problemas cotidianos, fue el veto presidencial a la autonomía presupuestaria del Tribunal Electoral. Los magistrados del organismo que administra y regula los comicios generales en el Istmo, argumentaron sus discrepancias al rechazo de la señora Mireya Moscoso, ante la solicitud. Pero esta vez, concordamos con el veto gubernamental por varias razones: Primero: no ha sido sustentada públicamente la necesidad de dar libertades financieras al Tribunal Electoral. Pocos son los medios informativos que han divulgado la razón de tal solicitud. Segundo: la comunidad nacional no ha visto en el Tribunal Electoral, la confianza de la participación directa de los ciudadanos, en las discusiones sobre las reformas al Código Electoral panameño. Tercero: El Estado panameño no tiene dinero para "regalar", más aún cuando todos sabemos que el Tribunal Electoral recibe fondos del extranjero, en especial de la Unión Europea y organismos independientes de fomento democrático. Para efectos del interés público, no vemos cómo podemos darle autonomía al Tribunal Electoral, cuando "no permite que los ciudadanos comunes puedan participar en elecciones, por la vía independiente". Siempre, desde que ocurrió la invasión militar de los Estados Unidos a Panamá de 1989, y tras los cambios serios dados a esa entidad, jamás se ha pensado siquiera permitir la "Libre Postulación", derecho democrático que realmente no necesita muchos elementos reformistas en la viciada Constitución panameña de 1972, arreglada según la voluntad de los poderosos empresarios, los políticos de turno y la fuerza de la tropa en armas, que por 21 años dominó al país. ¿Cómo es posible que los Magistrados puedan exigir dinero a la señora Presidenta, si no permiten que grupos populares, sindicatos, frentes independientes, observadores neutrales, fuera de la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica, participen en las discusiones de reformar el reglamento de elección, escrutinio y votación de los presidenciables? En realidad, cada persona común debe recordar que los Magistrados del Tribunal Electoral y los miembros de la Comisión Reformadora del Código en mención, son representantes de fuerzas políticas dominantes, de partidos políticos tradicionales, que no soportan el surgimiento de elementos extraños que los desplacen del poder estatal. ¿Cree usted que un PRD o un Arnulfista dejará que un grupo independiente se les sobreponga en las elecciones futuras del 2004, cuando ahora con el viciado Código Electoral pueden impedir el derecho democrático de ser postulado a un puesto de elección como las legislaturas o la presidencia de la República? Y aunque los alcaldes y representantes de corregimiento pueden ser postulados por la vía independiente, muchas trabas reciben para optar para ese derecho democrático. Algunas voces políticas y comunitarias han comenzado a bregar la posibilidad de denunciar públicamente, en Panamá y en el extranjero, la discriminación electorera que hace el Estado Nacional Istmeño, cuando impide la participación de los ciudadanos independientes. Otros mientras, confían que una reforma constitucional, o hasta una Constituyente, pueden generar las vías hacia la regulación de la participación de los sectores independientes, no afines a partidos tradicionales, en los comicios generales.
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