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La participación de menores de edad en asesinatos, cada día con más frecuencia, ha puesto a la legislación panameña en una especie de disyuntiva al tener que decidir si continúa con los patrones de protección al menor infractor surgidos al calor de las nuevas tendencias sociales de la modernidad o, por el contrario, endurece las penas equiparándolas con las de los adultos. Lo cierto es que, frente a un paso tan trascendental en la represión del delito para salvar al conjunto de la sociedad, las opiniones están divididas y tarde o temprano habrá que tomar una decisión.
Para mantener la legislación actual sus defensores señalan que la conducta delictiva de los menores se debe a problemas tales como la desintegración familiar, el desempleo y la pérdida de los valores; en cambio, quienes propugnan por reformas a las leyes vigentes plantean que si los menores se consideran adultos para cometer el delito, sencillamente deben asumir como tal sus responsabilidades penales.
Ambas posiciones deben ser consensuadas y adecuadas a la luz de la evolución de la realidad panameña, tomando en cuenta que otros sectores de la vida nacional como la educación, los medios de comunicación social y los avances tecnológicos tienen su incidencia en el problema.
La experiencia ha demostrado que en su mayoría los casos de menores infractores son consecuencia directa de la manipulación de personas adultas y bandas criminales que están desarrollando nuevas formas de organización que les permitan, además de lograr dividendos, evadir la acción de la justicia. |
