EDITORIAL
Martirio de las medicinas y el escándalo de las casas revertidas
La Comisión de Comercio
de la Asamblea Legislativa desde hace más de dos meses intenta alcanzar
soluciones que sinceren los precios de los medicamentos, cuyos valores escapan
al control gubernamental en virtud de los conceptos globalizadores de la
economía y en desmedro de las medidas que rebajaron drásticamente
los aranceles de importación y concedieron múltiples ventajas
fiscales favorecedoras a los personeros involucrados en la comercialización
de medicinas.
Los esfuerzos parlamentarios rebotan con endurecimientos mercantiles
dictados allende las fronteras nacionales por empresas fabricantes y distribuidores
que se dividen la geografía mundial, unidos con entendimientos oligopólicos
locales que se traducen en coincidencia de precios en casi mil productos;
realidad que provoca resentimientos y ácidas protestas en el seno
popular.
Ahora, en medio de las gestiones y controversias parlamentarias, ciento
cuarenta y ocho productos elevan los precios, encareciendo más los
rigores de la vida cotidiana panameña, en la coyuntura de favorecer
sus intereses empresariales y de comercio.
La medida merece calificativo de "acción criminal",
aún cuando afecte las estimas y consideraciones personales de respetables
ciudadanos, dado el efecto dañino, pernicioso, que incorpora en el
seno social, al privar de los socorros sanitarios y salutíferos a
quienes sufren los rigores de las enfermedades y los deterioros vitales.
En medio de esta realidad dolorosa acogotadora, los panameños
nos debatimos en la controversia sobre el tráfico de influencia y
ventajismos gubernamentales, que permiten repartir viviendas revertidas
a partidarios, amigos, simpatizantes y funcionarios de cúspide mandataria,
en abierta violación de la previsión legal de la norma de
5 de 1993, que previno el trámite de licitación pública
para las ventas y los arrendamientos de los inmuebles en retorno.
Aceptar como buenas las razones que vocean los funcionarios de ARI y
repiten los beneficiarios de las indebidas adjudicaciones, equivale a considerar
a los panameños de tontos o ignorantes; Panamá entero conoce
las viviendas de las que son propietarios los señores ministros favorecidos;
y agrava el decisorio burocrático al conocerse que se sacó
de la convocatoria a licitación, una vez publicada, las casas en
mención.
La organización jurídica de la sociedad, el Estado; y la
aceptación de la cúspide de mando en el ejercicio del poder,
el Gobierno; existen en la medida que cumplan los propósitos básicos
del Pacto Social que definió Rosseau, que se encamina a garantizar
seguridad, felicidad y bienestar de los asociados; por ello, decisorios
de arbitrariedad, de agresión al sentimiento colectivo, de lesión
al derecho, de imposición desorbitada, constituyen formas desafiantes
a la anarquía, el caos y la incivilidad.
No debemos olvidarlo: Se impone revisar con sereno ánimo y voluntad
positiva, las medidas adoptadas, cancelando las acciones de contrapelo y
abuso, para afirmar la paz social y la fraternidad de la colectividad; así
se alcanzan las actuaciones de estadista de amplia mente y sensitivo corazón.
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