Los partidos de oposición han rechazado una invitación para asistir a la Presidencia de la República, para conocer los aspectos de los proyectos de reformas al aparato de seguridad del Estado y de sus servicios de inteligencia.
La dirigencia del Panameñismo, Cambio Democrático y de Unión Patriótica, y con ellos los candidatos presidenciales Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli, han dicho que esos temas deben discutirse a través de un amplio debate en la Asamblea Nacional de Diputados y no mediante decretos de leyes.
Ya faltan apenas 25 días para que se inicie un nuevo período legislativo y ante el rechazo que el tema viene generando en algunos sectores de la sociedad, lo prudente es no insistir en pasar esas propuestas a través de decretos o que al menos los menos polémicos, se debatan en la Asamblea Nacional.
La designación de uniformados al frente de la Policía Nacional y el Servicio de Protección Institucional, son prácticamente hechos consumados. Ya hay militares al frente de esas instituciones. Lo de la fusión de los Servicios Aéreo y Marino, no presenta mayo objeción.
Sin embargo, la preocupación se concentra en la creación de una Policía de Frontera con mando separado de la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Inteligencia. Existe un temor justificado a todo lo que huela a espionaje. Mientras más secreto es una agencia, más se presta para cometer abuso.
Nadie cuestiona el espionaje a narcotraficantes, terroristas, secuestradores, asesinos y traficantes de armas. Lo malo es que los que ostentan el poder, siempre tienen la tendencia de escuchar las intimidades del adversario político y utilizar luego esa información como chantaje.
Así mismo, lo correcto es que esas reformas sirvan para combatir la delincuencia que reina en el país y que no la supeditemos a las estrategias foráneas, porque al final son los contribuyentes panameños, los que tienen que cubrir los costos de la creación de aparatos de seguridad que más responden a intereses exteriores, que a los del propio país que lo sufraga.