El gobierno instaló ayer la Comisión Especial para promover un diálogo en torno a los artículos del Código de Trabajo que fueron reformados con la Ley 30 y que provocaron enfrentamientos en Changuinola que dejaron muertos, heridos, detenidos y destrucción.
Son 13 los integrantes de la mesa de diálogo, pero desde antes que arranquen las discusiones ya hay posiciones encontradas y condicionadas, por lo que no se vislumbran mayores avances en ese esfuerzo, a menos que haya disposición de los participantes.
En las conversaciones fueron convocados sindicalistas, empresarios, representantes del Ejecutivo, diputados y religiosos bajo la mediación de un facilitador.
El principal escollo es que los sectores sindicales reclaman la derogatoria total de la Ley 30 y además otros grupos como los ambientalistas también exigen participación.
Sin embargo, la intención del Ejecutivo parece ser sectorizar los temas conflictivos de la Ley y abordar de manera separada los aspectos que esos grupos rechazan.
Ojalá que las conversaciones que iniciaron ayer en torno a los artículos 12, 13 y 14 de la Ley 30 no sea una mera maniobra de entretenimiento, sino que sea el inicio de un diálogo para advertir que en una democracia los proyectos se debaten y no se impulsan a la brava. De igual modo, la situación reclama madurez de los actores sociales para no repetir escenarios como los de Changuinola con su secuela de muertos, tuertos y presos.