miércoles 4 de agosto de 2010 

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Mesa de diálogo condicionada

Redacción | Crítica en Línea

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El vicepresidente Juan Carlos Varela pidió darle una oportunidad al diálogo, para que no vuelvan a ocurrir eventos como los sucedidos en Changuinola. (Foto: Mauricio Valenzuela )

Dirigentes sindicales, representantes del sector privado, Iglesia católica, oposición política y miembros del Gobierno firmaron ayer el Acta de Instalación que conforma la Comisión Especial, creada para establecer un diálogo en torno a los artículos 12, 13 y 14 de la Ley 30.

Los representantes de las organizaciones invitadas a conformar la Comisión Especial iniciarán el lunes las sesiones preparatorias tendentes a la validación, por parte de los miembros de la Comisión Especial, de los aspectos metodológicos de este diálogo.

La Comisión Especial se encargará de revisar exclusivamente el tema laboral de la Ley 30. El vicepresidente Juan Carlos Varela pidió darle una oportunidad al diálogo, para que no vuelvan a ocurrir eventos como los sucedidos en Changuinola.

Varela afirmó que el Gobierno está cumpliendo el acuerdo de propiciar un espacio para revisar los artículos 12, 13 y 14 de la referida ley, tal como se firmó en Changuinola, y enfatizó que el presidente Ricardo Martinelli cumplirá su palabra de elevar a la Asamblea Nacional lo que resulte del consenso de este diálogo.

"Me dirijo a ustedes como un panameño más y les digo que el único camino para hacer las cosas correctamente es a través del diálogo y el Gobierno está dispuesto a darle toda la oportunidad para que éste sea exitoso", dijo Varela.

Horas antes, la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) y el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), advirtieron que no asistirán al diálogo si antes no derogan la Ley 30 de junio de 2010.

El economista y asesor sindical, Juan Jované, advirtió que no habrá diálogo "si antes no instalan una comisión seria y penal por lo ocurrido en Bocas del Toro, en conjunto con la gente que perdió la vista en los disturbios".

CONATO y CONUSI también reclaman la derogatoria de la "ley carcelazo".

 

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