El final del juega vivo
Por: Francisco Lasso
Gerente de ventas
Una de las preocupaciones más recurrentes en medio del debate sobre la ampliación del Canal ha sido la de buscar cómo garantizar la transparencia en la construcción del Tercer Juego de Esclusas, en otras palabras, que nadie juegue vivo.
Toda esa inquietud parece que rindió sus frutos porque al final he visto que con la Ley 28 se ha creado un sistema de rendición de cuentas inédito, que no sólo debe aplicarse al Canal de Panamá, sino en todo el país.
Como si no fueran suficientes los controles que ya tiene la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), ahora la Ley 28 le ha impuesto nuevas reglas que si los panameños aprobamos la ampliación en el referéndum, convertirán a este proyecto en un ejemplo de cómo hacer las cosas bien.
Para empezar, la ACP tendrá que presentar cada tres meses al país un informe público de cada uno de los contratos y obras que se ejecuten en el Tercer Juego de Esclusas. Ese informe pasará por el escrutinio del Ejecutivo, la Asamblea Nacional, la Contraloría y además quedará abierto al ojo de todos los ciudadanos. Aquí hay que recordar que los trabajos de ampliación se extenderán durante tres gobiernos, y quién sabe a cuáles grupos políticos les tocará esa responsabilidad.
También se obliga a la ACP a recurrir a un inédito mecanismo de divulgación para informar de cada una de las licitaciones del proyecto y buscar así la mayor competencia posible.
Pero la cereza del pastel la pusieron con la creación de una comisión independiente formada por gente del que resulte el gobierno de turno, diputados, trabajadores, empresarios, clubes cívicos, las universidades y hasta las iglesias que pondrá todos sus ojos sobre lo haga el Canal con el dinero de la ampliación.
La pregunta ahora es: ¿por qué se aplicará este modelo sólo a la administración del Canal? ¿No deberíamos extender este sistema al resto del Estado? Esto sí empezaría a darle un vuelco al país y acabar con el juega vivo que tanto daño nos hace.
