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Los pequeños comerciantes de Barú, específicamente los propietarios de centros sociales y turísticos, le declararon la guerra al alcalde Franklin Valdés porque, dicen, ha permitido la proliferación de cantinas clandestinas.
En una querella administrativa que interpusieron ante el gobernador de Chiriquí, Fidel Ibarra y Benigno Abrego, dirigentes de la asociación, aseguran que el alcalde Valdés permite que proliferen estos negocios al margen de la ley, en abierta competencia desleal con los comercios que sí pagan impuestos.
Ibarra y Abrego hicieron una lista de algunos lugares "protegidos" por el alcalde: el sitio conocido como Play Bar, en la frontera; otros similares en Baco, Corotú y Berbá; la casa del señor Hilario Pinto; y el supermercado del chino en Pueblo Nuevo de Puerto Armuelles, diagonal a la residencia del señor Antonio Morales.
Todos estos lugares venden licores sin ningún control ni reglas sanitarias, y con la anuencia de la Alcaldía. El propio alcalde emitió un decreto que regula la venta de licores e impone una horario tope durante la semana, y que estas cantinas clandestinas no cumplen.
Los dueños de bares y centros turísticos pidieron a la gobernación que investigue lo que está ocurriendo en Barú, se decomisen los "permisos brujos", y se cierren estos lugares que hacen peligrar la actividad comercial en el distrito. |