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José Antonio Sossa y otra serie de funcionarios del sistema judicial que se han convertido en "obstáculo" para que se investiguen delitos.  |
Un equipo de abogados interpondrá una demanda en los próximos días ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el procurador de la Nación, José Antonio Sossa y otra serie de funcionarios del sistema judicial que se han convertido en "obstáculo" para que se investiguen delitos de lesa humanidad como asesinatos y desapariciones, informó la Directora Legal de la Comisión de la Verdad, María Elena Valdés.
La jurista manifestó que representantes de la Comisión de la Verdad ya presentaron su denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, dicho organismo dicta sanciones de tipo moral, de organismo a Estado "pero con esto no podemos romper un muro", ante esto añadió que presentarán la querella a la CPI , instancia que si dicta penas de cárcel de encontrar responsables.
Denunció que el jefe del ministerio público y otros funcionarios del órgano judicial, viene repitiendo desde hace tres años que los casos -sobre la desaparición y muertes de personas durante la época militar- han prescritos, que no hay nada que investigar "ante está ruptura y esa influencia negativa que el artículo 49 del código judicial dice, ningún funcionario del sistema judicial puede emitir conceptos en asuntos que serán objetos en el futuro de controversia", anotó Valdés.
" Y no solamente vamos acusar al señor procurador ante la CPI -sino- a todos los que institucionalmente se convirtieron en freno para que en este país no se investigarán los delitos de lesa humanidad como los asesinatos y desapariciones de crímenes producto de crímenes de guerra y abuso de poderes", manifestó la abogada.
Valdés señaló que una vez presenten la denuncia, la instancia deberá resolverlo en corto tiempo y destacó que la jurisdicción del organismo es amplia, tomando como referencia que hoy día Estados Unidos está suscribiendo un acuerdo con distintas naciones para no trasladar a funcionarios públicos o militares norteamericano bajo ningún motivo a la CPI. |