Ayer se cumplieron dos años de la muerte por envenenamiento del jefe de la Unidad Especial de Investigaciones Sensitivas de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Franklin Brewster.
El aniversario coincidió con el sobreseimiento de tres subalternos que fueron procesados por ese caso. Las investigaciones se sustentaban en la versión de un "testigo protegido" y en una prueba del polígrafo practicado a los encartados.
Ya antes la propia Corte Suprema de Justicia, aunque había declarado legal los arrestos, advertía al Ministerio Público que debía sustentar mejor las sumarias porque eran manifiestas algunas deficiencias.
Sin duda que estamos ante un caso difícil, donde se habla de la penetración del narcotráfico para eliminar a un investigador. Lo prudente era que los agentes del Ministerio Público respaldara el sumario con una investigación objetiva y con pruebas irrefutables.
Sucede que muchas veces los casos se construyen sobre bases débiles y al momento de una audiencia, la defensa de los encausados hacen trizas a la Fiscalía y el jurado dicta un sobreseimiento.
Lo doloroso de esto es que no se han aclarado las circunstancias en que se produjo la muerte del miembro de la PTJ y determinar si hubo o no mano criminal en el envenenamiento de la comida de éste, conllevando luego a su muerte. También está la situación de los detectives absueltos, que aunque puedan retornar a sus puestos, quedará -al menos hasta que se sepa la verdad de lo ocurrido- una mancha sobre su desempeño.
Quizás en Panamá nunca ha existido una cultura criminal de ese tipo, pero también hay la realidad de que el narcotráfico ha penetrado muchas instancias institucionales y a la propia sociedad panameña.