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FAMILIA
ELEVAN CONSULTA A LA PROCURADURIA
En discusión derecho de compra de acciones del privatizado IRHE
Omar Wong Wood
Crítica en Línea
La Comisión de Comercio de la Asamblea Legislativa elevará una consulta ante la Procuraduría de la Administración y la Corte Suprema de Justicia sobre la legalidad o no de la interpretación del Ministerio de Economía y Finanzas que rechaza los derechos de compra de acciones del privatizado IRHE a los exfuncionarios. La Comisión presidida por la legisladora Balbina Herrera también resolvió que de recibir una respuesta no favorable a los obreros someterán al pleno la modificación del proyecto para que los trabajadores puedan recibir su derecho de opción de compra de acciones, cuyo valor asciende a 50 millones de balboas, con un crecimiento estimado del 200 por ciento para el próximo año. La decisión se tomó ayer durante la comparecencia ante la Comisión del ministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburú Porras, en donde además asistieron dirigentes obreros y miembros de la comisión de alto nivel COOTIRHE-SITIRHE que negocian con el ministerio los derechos de los trabajadores. También la Comisión de Comercio se declaró en sesión permanente y convocó a otra reunión el próximo miércoles a las 10 de la mañana, al tiempo que acordó una serie de reuniones entre los representantes de los obreros, los asesores del Ministerio de Economía y Finanzas y la asesoría legal de la Comisión para hacer una consulta en conjunto. De acuerdo con la legisladora Balbina Herrera, pareciera que ahora en Panamá con la fusión de Hacienda y Tesoro y Planificación y Política Económica (Economía y Finanzas) pareciera que existe un ministerio "omnipotente" el cual resolvió dar una extensión a los empresarios que no pudieron ser incluidos en la ley de Estabilidad Jurídica, pero que ahora se niega a hacer lo propio con los obreros. "Queremos ese mismo matiz para los trabajadores", resaltó. El ministro de Economía y Finanzas fue objeto de serios cuestionamientos por parte de los legisladores que forman parte de la Comisión, quienes aseguraron que al aprobarse el proyecto en la Asamblea Legislativa no se estipuló por ningún lado que los trabajadores podrían perder sus derechos. Aramburú por su lado precisó que sería respetuoso de la interpretación que emita la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, o la Corte Suprema, al tiempo que se pregunto "de dónde van a sacar los trabajadores tanto dinero para comprar las acciones". Cuestionamiento que fue rechazado por el presidente de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Panamá (FEDPA), Said Guerra, quien argumentó que los exfuncionarios del IRHE cuentan con los fondos suficientes para adquirir las acciones, ya que están respaldados por los fondos del sistema cooperativo que ascienden a 500 millones de balboas. La polémica se centró en el artículo 171 de la ley de privatización del IRHE, la cual para los miembros de la Comisión es clara, los trabajadores tienen la opción de comprar sus acciones por un período de un año, sin embargo, los asesores del ministerio estiman que ya perdieron ese derecho. Según Economía y Finanzas, los obreros que no se decidieron a comprar las acciones al tiempo que fueron indemnizados no tienen derecho a comprar las acciones.
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