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Arcadio Martínez fue retenido por los precaristas, por lo que tuvo que ser auxiliado por agentes de la Policía Nacional, para evitar su linchamiento. Foto Carlos Girón  |
Luego de una ardua discusión entre legisladores, precaristas de Cerro Castillo y miembros del Asentamiento Unión Campesina de Burunga, se ordenó la suspensión del desalojo por parte de las autoridades alcaldicias, la integración de una comisión interinstitucional con todas las partes involucradas y el desarrollo de un censo de población por el Ministerio de Vivienda para resaltar mediante un estudio socioeconómico la real necesidad habitacional de cada uno de los invasores.
Los legisladores Felipe Cano, Olgalina de Quijada y Vicente Magallón, visitaron ayer los terrenos del asentamiento en aras de lograr una solución definitiva al conflicto generado por la ejecución del desalojo de unas 200 familias precaristas que invadieron el lugar desde hace aproximadamente un año y medio.
La Defensoría del Pueblo también confeccionó un listado de los afectados, que permanecieron toda la noche en unos campamentos que construyeron para albergarse hasta tanto se les brinde una solución habitacional.
Los invasores, a la llegada de los mediadores del conflicto, sumamente molestos, corrieron a la parte alta de los terrenos para respaldar al resto de sus compañeros que a pesar de la presencia policial en el área, mantenían acorralado a Arcadio Martínez, uno de los supuestos asentados a quien se le había decomisado una motosierra utilizada para derribar parte de las infraestructuras improvisadas de madera y zinc construidas por los precaristas.
Las unidades de la Policía Nacional intervinieron antes de que los precaristas atentaran contra la vida del ciudadano, quien en su rostro reflejaba el temor y agotamiento de tanto correr para escapar de los precaristas que presuntamente intentaban lincharlo.
Martínez informó que pertenecía al grupo de los 11 miembros del asentamiento campesino y sólo buscaba defender el derecho a sus tierras. Indicó que el resto de las tierras del asentamiento fueron vendidas en 0.6centésimos a una empresa privada para saldar una deuda de B/. 80 mil, morosidad heredada de la junta directiva anterior, lo que era necesario para evitar la desaparición del asentamiento.
El legislador Felipe Cano propuso a los invasores integrar una comisión representativa para organizar una reunión entre todas las partes involucradas, de modo de lograr un acuerdo, para lo que se sugirió el Consejo Municipal.
A la reunión se sumaron el defensor del pueblo, Juan Antonio Tejada, el viceministro de Vivienda, Gerardino Batista y el alcalde Jaime Barroso, quien informó que los propietarios de los terrenos habían cedido siete hectáreas para la adjudicación y venta a los precaristas, más las 5 hectáreas del excedente registrado durante los trabajos de mensura realizados por la Reforma Agraria en el área, lo que garantizaba unas 12 hectáreas para solucionar parte del problema.
Se decidió además iniciar las investigaciones de la venta de los terrenos del asentamiento y si la organización cumple o no con su función social, igualmente solicitar al Fondo de Inversión Social (FIS) el equipo pesado para la construcción y habilitación de las calles.
Además se solicitará una partida extraordinaria en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa para transferirla al MIVI con el propósito de enfrentar la problemática de vivienda previo al avalúo realizado de los daños causados.
En tanto, la Confederación de Asentamientos Campesinos (CONAC) afirmó que el 12 de septiembre de 2000 las tierras del Asentamiento Unión Campesina de Arraiján, fueron invadidas por precaristas organizados por Carlos Castillo, "persona esta que se dedica a organizar gente para invadir predios ajenos, antes de que esta fecha habían invadido las tierras de la Inmobiliaria del Oeste, empresa que se dedica a construir viviendas"
Además alegan que el asentamiento desarrolla un programa ganadero, cultivan yuca, ñame, maíz y además adelantan un plan de reforestación en el área. La CONAC afirma que los invasores destruyeron las cercas cortando los alambres, destruyeron los cultivos, árboles y son responsables de la desaparición de más 20 cabezas de ganado.
También afirman que la invasión fue promovida y financiada por políticos inescrupulosos que con tal de mantener su clientelismo político no les importa enfrentar pobre contra pobre, crear organizaciones brujas, le cobran a gente humilde por tierras que no son de ellos, hacen que los precaristas se resistan al llamado de las autoridades para abandonar los predios ajenos adoptando posturas de fuerza que finalmente los enfrenta a la Policía Nacional con los saldos que ya todos conocemos. |