EDITORIAL
La sumisa Asamblea Legislativa
El parlamento históricamente
se caracteriza por concentrar las divergentes opiniones y servir de resonador
de las aspiraciones políticas y sociales, con las vocerías
de personeros que relievan, acusan, aplauden y apoyan decisiones idóneas
para el avance y progreso de la nación.
En Panamá, después de los traumáticos eventos unícratas
que llenaron de luto y dolor la vida panameña, la Asamblea Legislativa
debe asentar los reclamos, liderizar las justas protestas, crear las normas
de mejor y mayor convivencia y deviene en sumisa instancia, uncida a los
designios que señala el poderoso Organo Ejecutivo, que desde las
alturas palaciegas determina los derroteros parlamentarios, imponiendo aceptaciones,
reclamando rechazos, inspirando retardos, y en general, reduciéndola
a un costoso apéndice de la voluntad del mandatario de mayor poder.
Ahora, sin que la colectividad conozca las razones y documentación
justificativa para celebrar sesiones extraordinarias, se convoca a la Asamblea
Legislativa, y únicamente se somete a la consideración dos
temas controversiales, cuales son el reglamento de la Defensoría
del Pueblo y la normativa que obligará al retiro de los funcionarios
que alcancen setenta y cinco años de edad; asignándose para
estas deliberaciones más de cien mil balboas de dietas, en los diecisiete
días de trabajo de la convocatoria; egreso que llama al escándalo
la protesta popular.
Pretender la legislación de retiro obligatorio para darle salida
al empantanado Caso Faúndes, cuyo juicio está en precario
desde hace dos años, cuando una solicitud de previo pronunciamiento
constitucional se introdujo en la Corte Suprema, que no lo resuelve por
carecer de miembros sin impedimentos que hagan el quorum, al faltar tres
suplentes de magistrado que no han nombrado, generaría sólidas
demandas de inconstitucionalidad, al confrontar la normas que fijan los
periodos de los Magistrados con la legal que surgiera de estas sesiones.
De igual manera, reunir la Asamblea Legislativa para rechazar el proyecto
de Reglamento de la Defensoría del Pueblo, y así arrinconar
con mayor acento al acosado funcionario en castigo, por demostrar independencia,
profesionalismo y firmeza en sus gestiones; comportamiento que molesta las
uncidas cúspides del mando ejecutivo, resulta grosero y genera repudio
público.
Un criterio expuesto radialmente por el retirado General Rubén
Darío Paredes, señala el riesgo creciente de confrontación
en la vida panameña de persistir la acumulación de poder en
el mando presidencial; peligro que aumentaría gravemente en el evento
de lograr un resultado favorable a la reelección inmediata.
Por tales consideraciones, y relievando que en el marco civil del mando
gubernativo, se promueven acciones que encubren incivilidad y antidemocracia,
se impone la unidad monumental indestructible de los panameños patriotas,
de sereno ánimo, que aspiran al país en libertad, sin sacudimentos
sociales, con distribución justiciera de los panes y los peces, y
estas búsquedas pasan por la urgente tarea de recuperar la plenitud
parlamentaria, acogotada y reducida que vivimos hoy.
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| AYER GRAFICO |
| El Dr. Sergio González Ruíz en la campaña política
de 1960. |
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