Una treintena de organizaciones sindicales y sociales panameñas presentaron ayer ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 30, denominada "ley camarón", aprobada la semana pasada por el Gobierno y que toca derechos fundamentales.
La demanda, interpuesta por diez abogados, entre ellos los ex procuradores generales Rogelio Cruz y Rafael Rodríguez, es respaldada por gremios sindicales, ambientalistas, médicos, docentes, funcionarios públicos y representantes de la sociedad civil.
Esta es la segunda demanda presentada por las organizaciones opuestas a la denominada "ley chorizo" o "Ley 9 en 1".
Los juristas basaron la demanda de inconstitucionalidad en que la Asamblea Nacional sólo fue convocada a sesiones extraordinarias por el Órgano Ejecutivo, para conocer la materia de relacionada con la aviación nacional; mas no así para conocer otros aspectos que fueron aprobados con la citada Ley.
Esta ley fue presentada como una modificación en materia de aviación comercial, pero reforma tres códigos: el Penal, el Judicial y el de Trabajo, y seis leyes, incluida la orgánica de Policía.
El abogado Carlos Herrera Morán, a nombre de los demandantes, dijo que esta ley es lesiva a los intereses nacionales, vulnera los derechos humanos y lesiona al medio ambiente.
Sobre la ponencia de la demanda inconstitucionalidad que estará a cargo del magistrado Alejandro Moncada Luna, Herrera Morán dijo que ven con preocupación esta designación del reparto, ya que el movimiento popular estará pendiente, por lo que le pidieron independencia en su decisión.
ESTUDIAN NUEVA DEMANDA
El secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), Genaro López, dijo que "cuando el Ejecutivo llamó a sesiones extraordinarias señaló que era específicamente para reformar la ley de aviación comercial, pero también se hicieron reformas en temas laborales, penales y otro sinnúmero de leyes que no fueron mencionados en el decreto que convocó a la Asamblea", expresó López.
Indicó que se está estudiando la posibilidad de presentar otra demanda el próximo 25 de junio, pero ésta tocaría temas específicos de los sectores laborales y del ambiente.
ESPERAN RAPIDA ACCION
Los juristas pidieron a la Corte que resuelvan con prontitud esta demanda de inconstitucionalidad y le recordaron a los magistrados que cada minuto que pasa va en perjuicio de los panameños, por lo que esperan una justicia rápida.