Se supone que vivimos en un país democrático, en el que todos los ciudadanos tenemos el derecho a la libertad de expresión, y dicho sea de paso, de acción.
Cuando se trata de derechos y libertades en una sociedad, la tolerancia debe provenir tanto del gobierno hacia sus ciudadanos, como de un ciudadano a otro.
De tal planteamiento se sobreentiende que si un grupo tiene diferencias de criterio con el gobierno, se opone a ciertas de sus políticas, y lo manifiesta públicamente usando como bandera el derecho a disentir, debe tener demostrar tolerancia hacia los miembros de su propio gremio que no comparten la misma opinión.
Pero en Panamá, esto es lo que debería ser, no lo que es. Porque si así fuera, no hubiese ocurrido lo que ocurrió hace dos días cuando inició el paro del movimiento de bases transportistas. Los buseros que sí querían trabajar, eran intimidados por sus compañeros en paro, e incluso se llegó al extremo de que les pinchaban las llantas de los vehículos para que no salieran a buscar pasajeros.
O sea: es bueno disentir con otros, pero no es permitido que disientan con uno. ¡Qué bonito!
Esto también sucede a muchos niveles. Por ejemplo, en los partidos políticos existe la revocatoria de mandato, la principal herramienta para poner en cintura a los políticos que se rehúsen a ser ovejas de la cúpula y a practicar el pensamiento independiente.
Si vamos a exigir libertades en Panamá, tenemos que entender que se trata de un juego de dar y recibir, no solo recibir. Pero ejemplos como los del paro de buseros nos aclaran una vez más que vivimos en una sociedad de derechos y deberes en la que exigimos esos derechos y al mismo tiempo rechazamos los deberes. Y después se preguntan por qué los políticos son tan corruptos, cuando la verdadera pregunta es: ¿de qué sociedad salen esos políticos?
